El pleno del Tribunal Constitucional aprobó ayer finalmente la sentencia después de que la presidenta del TC, María Emilia Casas, introdujera a última hora varias modificaciones en su ponencia con el objeto de atraerse el voto de varios magistrados hasta ahora reticentes a la aprobación del texto. Finalmente, el pleno llevó a cabo una votación por bloques: preámbulo -aprobado por 6 votos a 4-, artículos inconstitucionales -8 a 2-, artículos constitucionales -6 a 4- y artículos sometidos a interpretación -también 6 a 4-. Los cuatro magistrados que redactarán votos particulares son Ramón Rodríguez Arribas, Jorge Rodríguez Zapata, Vicente Conde y Javier Delgado, todos ellos pertenecientes al sector conservador.
De este modo, la presidenta, con los cambios introducidos en su ponencia, ha logrado atraerse el respaldo del progresista Manuel Aragón y del conservador Guillermo Jiménez, que han unido sus votos al de la propia Casas y los también progresistas Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay y Pascual Sala. El tribunal notificará hoy mismo el fallo a las partes personadas.
Siete textos
La votación llega cuatro años después de la aprobación del Estatut en referéndum por los ciudadanos de Cataluña, y tras un largo período de deliberaciones en el que los magistrados han discutido hasta siete textos distintos. Casas ha introducido algunos cambios en su ponencia en busca de un acuerdo que evitara una votación artículo por artículo.
El séptimo ha sido también el último intento de notificar la resolución antes de que comience la precampaña de los comicios autonómicos catalanes previstos para el próximo otoño, para respetar así la costumbre que establece que el Constitucional nunca se pronuncia en periodo electoral sobre temas polémicos.
El texto aprobado ha sido en el que Casas ha estado trabajando desde hace más de un mes, ya que fue el pasado 19 de mayo cuando asumió la ponencia después de que el sexto borrador de resolución, redactado por el conservador Guillermo Jiménez, no obtuviera los apoyos necesarios. El de la presidenta del TC se ha considerado desde el principio como muy similar al quinto borrador, el que la primera ponente de la resolución sobre el Estatut, la progresista Elisa Pérez Vera, presentó al pleno, y que fue rechazado por seis votos a cuatro el pasado 16 de abril.
Aquel borrador no salió adelante después de que el progresista Manuel Aragón no lo respaldara ante la negativa de la ponente a llevar al fallo de la sentencia -y dejar sólo en los fundamentos jurídicos- que la definición de Cataluña como nación recogida en el preámbulo del Estatut carece de cualquier eficacia jurídica. Fue la redacción dada a ese punto, y su repercusión en la interpretación del artículo 8 del texto estatutario, relativo a los símbolos nacionales, la que impidió que Aragón sumara en abril su voto a los de Pérez Vera, Casas y los también progresistas Pascual Sala y Eugeni Gay, lo que hubiera supuesto la aprobación de la sentencia. Ese borrador anulaba una quincena de artículos del Estatut -entre ellos algunos de los referidos a la lengua, el Poder Judicial en Cataluña y las competencias del Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán)- y condicionaba la constitucionalidad de otra veintena a la interpretación que se les diera en las leyes que deben desarrollar esa norma.
