Un decreto franquista de 1957 rige todavía el Valle de los Caídos

LEVANTE-EMV VALENCIA
La tumba de Franco y de José Antonio Primo de Rivera permanecen inalterables al paso del tiempo. Al cuidado de un grupo de monjes benedictinos, tal y como lo dejó escrito en el BOE el dictador el 23 de agosto de 1957: "Un magno monumento destinado a perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación para honra de quienes dieron su vida por Dios". Ese decreto-ley rige todavía hoy la actividad del mausoleo y permite, entre otras actividades, que los monjes reciban 340.000 euros para mantener una escolanía, gestionar una hospedería, alquilar salas del recinto -por ejemplo, a los ultracatólicos seguidores de Kiko Argüelles-, o acoger campamentos de verano, según informó ayer el diario Público.
Además, gozan de total autonomía para sus negocios bajo el paraguas económico de Patrimonio Nacional, que paga el mantenimiento de las instalaciones, su seguridad o el acondicionamiento de los accesos, pero no obliga a la abadía a rendir cuenta alguna sobre sus actividades.
Pese a la amplia independencia de la que gozan los monjes, las asociaciones neofranquistas pusieron el grito en el cielo cuando el Gobierno ordenó el cierre de las instalaciones para la seguridad de los turistas después de que se produjeran varios desprendimientos en el recinto. Desde entonces, la basílica sólo está abierta al culto y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos recurrió a la Justicia el cierre.