Los abogados que tomaron ayer la palabra en el juicio del caso Malaya moderaron el tono en sus exposiciones e insistieron en los defectos del procedimiento y las detenciones injustificadas y sorpresivas para reclamar diversas nulidades, así como en la prescripción de algunos delitos.
Los discursos fueron menos vehementes que en las dos primeras jornadas de la vista oral, tras la advertencia que hizo el pasado martes el presidente del tribunal, José Godino, a las defensas de los procesados para que centren sus críticas en "cuestiones y matices estrictamente jurídicos" y eviten "cualquier tipo de descalificación personal que a nada conduce".
Entre los argumentos empleados por los letrados en la fase de cuestiones previas para demandar la nulidad de la causa destacan la vulneración de derechos fundamentales, la falta de imparcialidad del instructor, la existencia de acusaciones sin motivación.
La mayoría de los letrados que intervinieron ayer representan a clientes acusados de blanqueo de capitales al ser considerados posibles testaferros del ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, y se les piden penas que oscilan de dos a tres años de cárcel.
El letrado Javier Morato, que representa al acusado Carlos García Puente manifestó que este proceso tiene "mucho de kafkiano" en lo concerniente a su defendido.
Por su parte, el abogado Jaime Álvarez de Neyra, reclamó que se exonere de toda responsabilidad criminal a su patrocinado, el ex comisario Florencio San Agapito.
En la tercera sesión del juicio, el presunto jefe de la organización, Juan Antonio Roca, tenía a su derecha sentada a Montserrat Corulla, considerada una de sus principales testaferros.
