La mecha de la inmigración

El PP intenta convertir el debate sobre los extranjeros en el eje de la campaña preelectoral catalana

 
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XAVIER DOMÈNECH BARCELONA
El principal tema de debate entre los principales contendientes de las elecciones catalanas ha sido esta semana el de los debates mismos: las negociaciones para realizar dos cara a cara entre José Montilla y Artur Mas. El otro gran tema ha sido la emisión de deuda pública por parte de la Generalitat y el estado de sus finanzas, que la oposición presume ruinoso. En cambio, la inmigración ha estado ausente de los duelos dialécticos entre las dos grandes formaciones catalanas.
Los discursos oficiales en la corriente central de la política catalana son bastante coincidentes: no ha lugar al "papeles para todos" y hay que controlar la entrada, ya que las expulsiones son mas fáciles de reclamar que de practicar. Y la entrada se está cerrando sola a causa de la crisis económica. Por otra parte, el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió, datado en julio, señaló que solo un 4,3% de los catalanes consideraba a la inmigración como el principal problema del país. Por delante, además de la crisis económica y el desempleo, se encontraban la insatisfacción con la política y las relaciones entre Cataluña i España (la encuesta se realizó justo tras la sentencia del Estatut), que era el problema prioritario para más del 8%.
Y no es que durante la legislatura no se hayan producido momentos de tensión acompañados de serios enfrentamientos. Cuando el ayuntamiento de Vic, dirigido por un alcalde de CiU, decidió no empadronar a los sin papeles, las palabras sonaron altas y desagradables. Cuando vecinos de Salt, con alcaldesa del PSC, se sublevaron por un incremento de la inseguridad ciudadana que atribuían a los extranjeros, desde las filas socialistas se acusó a CiU de fomentar la politización del conflicto. Y no hace tanto que una eurodiputada francesa se paseó por Badalona para analizar los problemas derivados de la presencia de gitanos rumanos. Pero en lo que llevamos de precampaña, la coalición de gobierno y el principal aspirante a sustituirla se atienen a lo comprometido en el Pacte Nacional per la Immigració, que todos ellos firmaron el 19 de diciembre de 2008, junto a las patronales, los grandes sindicatos, las asociaciones municipalistas y decenas de asociaciones. Entre otras muchas cosas, en el pacto se establece el compromiso de no hacer electoralismo con la inmigración.
Quien no firmó el pacto fue el PP, que por lo tanto no se siente comprometido a la abstinencia de electoralismo e intenta activamente convertir la inmigración en un eje principal de su campaña. Ello produce una percepción deformada del debate catalán en el resto de España, por la tendencia a examinar todo cuanto acontece bajo el paradigma bipartidista PSOE-PP. Así, se está llegando a que las tomas de posición de Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP de Cataluña, obtienen más eco en Madrid que en Barcelona. Y es que, en Madrid, el PP es el partido que puede ganar las próximas elecciones generales, mientras que en Cataluña es el cuarto partido.
Quizás lo haga justamente para marcar perfil propio, pero el caso es que el PP catalán está en plena ofensiva para atraer el debate a ese terreno. Así, Sánchez-Camacho encabeza la iniciativa para reclamar que los ayuntamientos denuncien a los inmigrantes dudosos que acudan a empadronarse.

Una visita polémica
Pero quien se lleva la palma es Xavier García Albiol, concejal del PP en Badalona, que ha elegido como diana de sus ataques a la población gitana de origen rumano del barrio de San Roc. A partir de este caso, García Albiol ha construido el núcleo de su discurso, que estalló con fuerza la pasada primavera al repartir unos folletos con el logotipo del partido en que se destacaba la imagen de una pancarta con el lema "No queremos rumanos".
La acusación a un determinado grupo nacional (que forma parte de la UE) fue considerado como inaceptable por la mayoría de fuerzas políticas, e incluso Sánchez-Camacho, que había acompañado al edil en el reparto de los folletos, se vio obligada a marcar unas distancias que se esfumaron cuando, en septiembre, la eurodiputada Marie Thérèse Sánchez-Schmid, del partido de Nicolas Sarkozy, realizó una visita a Badalona, en medio de la polémica por las deportaciones de gitanos rumanos en Francia.

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