El Gobierno murciano aprobó el pasado 23 de diciembre una ley en la que se alargaba la jornada de trabajo semanal de 35 a 37,5 horas y se establecían unos recortes salariales para los funcionarios que finalmente quedaron reducidos a la mitad. Las protestas de los empleados públicos, que llegaron a arrojar huevos en el portal del edificio en el vive el presidente, Ramón Luis Valcárcel, obligaron al Ejecutivo murciano a modificar la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas en el mes de febrero, tras alcanzar un acuerdo con cinco de los nueve sindicatos representados en la Comunidad Autónoma. El objetivo del equipo de gobierno murciano era ahorrar unos 300 millones de euros, sumando otros ajustes, como la rebaja de la aportación a la televisión autonómica.

Los médicos eran los más perjudicados, dado que perdían una media de 500 euros mensuales al pasar a contabilizarse las guardias de los sábados dentro de la jornada semanal, mientras que a los profesores se les iban a rebajar 75 euros mensuales.

Además, los cursos de formación no computarían como jornada de trabajo, se congelaba la plantilla y se suprimían las horas extraordinarias que, en caso de ser inevitables, se compensarían con tiempo libre, no con dinero. Finalmente, la rebaja aplicada a los profesores se quedó en la mitad -37,5 euros mensuales-, mientras que los médicos calculan que han perdido sólo el 33% del recorte previsto en la Ley.

Los funcionarios recuperaron también la mitad del dinero que se les iba a recortar.

Uno de los ajustes más conflictivos de la Ley de Medidas Extraordinarias era la desaparición del complemento del 25% que permite a los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Murcia cobrar el cien por cien de su nómina cuando están de baja por enfermedad, pero la supresión sólo ha estado vigente los meses de enero y febrero.

Los empleados de la Administración murciana que se han cogido la baja por enfermedad a partir del 1 de marzo han vuelto a cobrar el sueldo íntegro. Han recuperado también la mitad de las ayudas, becas y bonificaciones sociales que habían sido suprimidas.

La jornada laboral ha quedado finalmente en 36,5 horas, con el compromiso de que la hora y media adicional se destinaría a formación, pero no se alargaría el horario de trabajo a los profesores, a los sanitarios ni a los funcionarios.

Al final, del ajuste inicial sólo se ha mantenido la reducción del número de liberados sindicales hasta la cifra real que se corresponde con los resultados de las elecciones sindicales, lo que ha obligado casi a la mitad de los sindicalistas que cobraban un sueldo de la Comunidad Autónoma a volver a su puesto de trabajo.

Los profesores y los funcionarios se incorporaron sin problemas a principios de marzo, pero los médicos han pedido que se les dé un plazo para reciclarse y ponerse al día profesionalmente, dado que algunos llevaban años sin ejercer. También se ha mantenido la congelación de las oposiciones y la supresión de horas extras.