Organizaciones sociales y la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) se han opuesto hoy al pago adelantado del aborto en Baleares, por entender que vulnera un derecho reconocido por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El Govern balear ha anunciado que reembolsará el coste de la interrupción del embarazo de las mujeres, una vez que ellas lo hayan abonado en las clínicas privadas donde se sometan a una intervención que, según la normativa vigente, es una prestación pública.
El presidente de ACAI, Santiago Barambio, ha declarado a Efe que esta medida del Ejecutivo balear constituye "una clara rebelión contra la Ley, al vulnerar su espíritu y su letra".
Abunda además en las desigualdades existentes entre Comunidades Autónomas en el acceso a la salud, ya que, supuestamente, las españolas deberían tener los mismos derechos independientemente del lugar en que residan.
Carácter provisional
Tras recordar que algo similar ocurrió en Cataluña pero con carácter provisional, hasta que se suscribió un acuerdo marco, el portavoz de ACAI ha expresado sus temores de que en Baleares esta irregularidad se convierta en lo habitual.
"Nos podemos encontrar con otra Navarra; Baleares está andando el camino al revés hacia un sistema de normalización de rebelión contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva", ha aseverado.
Barambio ha explicado que, si no se suscribe un nuevo concierto en Baleares para sufragar esta atención, las mujeres que deseen ejercer "un derecho" que reconoce la legislación sanitaria española se verán obligadas a abortar en centros privados pagando el importe de una intervención que oscila entre 500 y 1.500 euros.
Para la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, esta omisión supone una "gravísima vulneración del derecho de la mujer y de la legislación sanitaria española".
"Discriminación de género"
La organización alega que es también una "discriminación de género", ya que el recorte solo afectará de manera específica a las féminas.
"Es un paso más en la estrategia de recortes de gasto y de privatización de la Sanidad pública, en este caso nuevamente a costa de las usuarias del sistema sanitario", agrega.
Sostiene que incrementará las desigualdades de salud por "capacidad económica, comunidad autónoma o ideología", impidiendo acceder a esta prestación especialmente a las personas de bajos recursos, que "empiezan a ser una gran mayoría" como consecuencia del paro y de la precariedad laboral y salarial.
"Entendemos que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad tienen la obligación legal de intervenir para garantizar los derechos a la atención sanitaria que las leyes reconocen a todos los ciudadanos", concluye.
La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, califica la medida de "manifiestamente injusta", puesto que limita el acceso a un derecho en función de la disponibilidad económica que tengan las personas.
Soleto señala que la ley reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación básica del catálogo de servicios de la Sanidad pública y que, por tanto, "obstaculizarla" impide a las mujeres a acceder a un derecho básico.
Cumplimiento de la ley
"Las comunidades autónomas tienen la obligación de cumplir la ley", opina la presidenta de la Fundación Mujeres, quien insiste en que "por mucho que estamos en crisis" el aborto tiene que ser considerado como "una prestación más".
En el mismo sentido se pronuncia la ginecóloga y presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal, Isabel Serrano, quien afirma que "poner obstáculos" a la ley generará más problemas de salud en las mujeres y también conllevará más coste.
Augura que las mujeres que no tengan el dinero suficiente recurrirán a "métodos clandestinos" para abortar o interrumpirán sus embarazos más tarde, con lo que repercutirá en su salud física y psíquica y el coste económico del servicio será más elevado.
