Los abogados de la acusación en el juicio a Baltasar Garzón han elevado hoy a definitivas su peticiones de entre 10 y 17 años de inhabilitación para el magistrado, al que acusan de los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por ordenar las escuchas del "caso Gürtel".
Así lo han comunicado en la segunda sesión del juicio que ayer comenzó en el Tribunal Supremo, y en el que mañana expondrán sus informes y conclusiones finales.
La Fiscalía, que no acusa, y el abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, han pedido su absolución tras defender que no cometió los delitos que se le imputan por haber ordenado intervenir las comunicaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama de corrupción con sus abogados.
Mientras, el abogado Ignacio Peláez, autor de la querella que dio origen al juicio al que se está enfrentando Garzón, ha anunciado que mantiene su petición inicial de 10 años de inhabilitación por prevaricación judicial y uso de artificios de escucha con violación de las garantías constitucionales.
Por esos mismos delitos, el letrado José Antonio Choclán, que representa al considerado cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, y Pablo Rodríguez Mourullo, abogado del número dos de la red, Pablo Crespo, reclaman 17 y 15 años de inhabilitación, respectivamente.
