El ´juez Garzón´ ha de llegar

El día que dieron a conocer la sentencia contra Baltasar Garzón me sentí muy a disgusto en este país. Oscilante entre el acatamiento «por imperativo legal» y el desprecio moral, no logro metabolizarla. El desprecio se diluirá, como siempre, a medida que cobra fuerza una condena intelectual sin paliativos. Garzón no merecía esto y el país tampoco. Mis reacciones carecen de toda importancia fuera de mi mismo, pero en los sondeos de opinión las compartimos la mayoría de los españoles. Si las decisiones de unos pocos fueran impugnadas en teórico referendum, nuestra democracia -no la que se invoca para ofender a Garzón como «totalitario» por afinidad- olería a podrido sin inmediatas medidas de corrección. Suceden cosas tan hirientes que hacen añorar el ideal asambleario, a sabiendas de que es casi imposible en un estado con decenas de millones de ciudadanos. La democracia representativa algo tendrá que hacer por la pureza de las decisiones que pueden repugnar a la mayoría. O esto, o la aberración de invertir el «totalitarismo» como atentado de la sociedad al inmaculado sanedrín de turno.  
La clamorosa absolución de Francisco Camps ha sido nada en comparación con las presunciones de prepotencia, acoso y venganza que trascienden de la condena de Garzón. Mal va la justicia española si el jurado popular se sitúa tan lejos del sentir de la mayoría como algunos tribunales. El cerrado corporativismo que toma cuerpo en respuesta a la «condena de la condena» preconiza un nuevo castigo a la independencia de criterio y la libertad de opinión, que están muy por encima de todo arbitrismo. Frente a él, es del todo deseable que los recursos de Garzón en instancias internacionales laven la cara a las interiores.
Baltasar Garzón ha hecho por el prestigio de España, en el frente de los derechos humanos, algo más que las instituciones e incluso los gobiernos. Como no se lo perdonan, sería una justa devolución que alguien promoviera en su defensa, desde fuera, lo que la solidaridad mayoritaria no consiga dentro. Es lo que ha hecho él, propiciando en algunos casos la rehabilitación de la confianza popular en ciertos tribunales. Esta lección ya parece urgente para poner en la picota las imperfecciones del sistema español y extremar sus garantías democráticas.
Sin entrar en consideraciones de mayor alcance filosófico, lo que repugna es el doble rasero que condena las escuchas ordenadas por Garzón, en lugar de invalidarlas lisa y llanamente como en otros muchos casos; la discriminación de limitar a él la presunta culpa y exculpar a quienes, como otro juez y la institución del Ministerio Fiscal, respaldaron las escuchas; la trascendencia aniquiladora de la condena; y el que una sola figura penal, la prevaricacion, condene por igual los delitos de compraventa venal y las conductas que persiguen al delito, aunque puedan equivocarse. Si hay un «juez Garzón» fuera de España, ya está tardando en actuar formalmente en su defensa y en desafiar las «inviolabilidades» que bloquean la gran catarsis purificadora de una legalidad injusta. Ese juez ha de llegar, y llegará.