Corrupción

La Audiencia Nacional no investigará el caso Urdangarin

El juez Ismael Moreno rechaza asumir la competencia sobre la denominada 'Operación Babel'

 16:19  

EP / MADRID El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado asumir la competencia sobre la denominada "Operación Babel", que investiga las actividades del Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, al frente del Instituto Nóos, han informado fuentes jurídicas. El caso, por lo tanto, continuará su instrucción por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro.

Según el auto dictado por el juez central número dos, unas defraudaciones como las investigadas en esta causa "es obvio que no tienen la entidad y significación suficiente para conmover la confianza que es fundamento necesario de la seguridad del tráfico mercantil o para alterar el normal desarrollo de la economía nacional". Añade que la cifra presuntamente defraudada carece igualmente de tal identidad.

Además, el juez moreno considera que aunque los hechos imputados afectan a varios perjudicados en el territorio además de una Audiencia, "no constan mínimamente acreditados datos suficientes como para poder llegar a la conclusión que nos hayamos ante una generalidad de personas perjudicadas".

La resolución, adoptada un día después de que la Fiscalía Anticorrupción se posicionara en el mismo sentido, señala además que "no constan acreditados en este procedimientos datos relativos a la comisión de delitos en el extranjero, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que de concurrir determinarían la competencia de este juzgado central de instrucción".

La decisión se ha adoptado después de que el ex presidente balear Jaume Matas - imputado en el "caso Palma Arena", del que se ha desgajado la pieza sobre Urdangarín- presentara ante el juez de la Audiencia Ismael Moreno un nuevo escrito, el tercero, insistiendo en que la causa corresponde al órgano ubicado en Madrid por afectar a varias provincias españolas y por ser el blanqueo de capitales uno de los posibles delitos a investigar.

Según el auto dictado por el juez central número dos, unas defraudaciones como las investigadas en esta causa "es obvio que no tienen la entidad y significación suficiente para conmover la confianza que es fundamento necesario de la seguridad del tráfico mercantil o para alterar el normal desarrollo de la economía nacional".

Añade que la cifra presuntamente defraudada tampoco puede considerarse como "significativa, impactante o de enorme envergadura para afectar o conmover la seguridad del tráfico mercantil o la economía nacional".

De hecho, el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos recuerda en su auto que el propio Tribunal Supremo ha venido interpretando restrictivamente el precepto que regula la competencia de la Audiencia Nacional y en un auto de septiembre de 2004 falló en contra de enviar a este órgano una causa relativa a una defraudación del IVA por valor de 21 millones de euros, "cifra esta muy superior a la que se dice puede ascender el importe de defraudación" en la causa contra Urdangarín.

No hay generalidad de perjudicados

Además, el juez moreno considera que aunque los hechos imputados afectan a varios perjudicados en el territorio demás de una Audiencia, "no constan mínimamente acreditados datos suficientes como para poder llegar a la conclusión que nos hayamos ante una generalidad de personas perjudicadas".

La resolución, adoptada un día después de que la Fiscalía Anticorrupción se posicionara en el mismo sentido, señala además que "no constan acreditados en este procedimientos datos relativos a la comisión de delitos en el extranjero, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que de concurrir determinarían la competencia de este juzgado central de instrucción".

El juez Moreno adopta esta decisión, no obstante, "sin perjuicio de lo que en definitiva pueda resultar del contenido y completo conocimiento de la instrucción desarrollada por el Juzgado de Instrucción de Palma de Mallorca (...) y de las conclusiones a que pudieran llegarse" en relación con una futura competencia de este órgano.

La investigación parte de la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción de que Urdangarín y su socio y actual presidente del Instituto Nóos, Diego Torres, desviaron a través de esta fundación fondos públicos y privados procedentes de estas tres administraciones públicas para "apoderarse" de ellos.

"Precios desproporcionados"

Para ello, fijaron precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos considerados ficticios.

La Fiscalía cree que fue a partir de 2003 cuando el Duque de Palma entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente.

Según la acusación pública, la única finalidad perseguida por Urdangarín y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales".

En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos eran, según especifica el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management.

Defiende también que tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio real social, lo que revela que el control de las mismas "estaba en manos de los dirigentes del Instituto Nóos".

A juicio de la defensa de Matas, principal imputado en el caso Palma Arena, la investigación al Instituto Nóos no tiene relación con los hechos objeto de la pieza principal investigada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Mallorca, que se centra en la construcción del Palma Arena, por lo que está siendo retenida en el órgano balear "de forma fraudulenta y maliciosamente a los solos efectos de realizar una causa inquisitorial" contra su cliente.

Añade que el levantamiento del secreto del sumario ha permitido confirmar que las noticias publicadas por los medios de comunicación que en su día aportaron al juez Moreno se corresponden con documentos e informes incorporados al sumario, "por lo que no sólo hay dos Administraciones implicadas sino varias más", lo que justificaría aún más el paso del asunto a la Audiencia Nacional.

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