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Caso Marta del Castillo

La familia de Marta del Castillo recurre contra la sentencia

También se incluyen motivos para condenar a Carcaño y Samuel por profanación de cadáveres, y por encubrimiento

 17:26  

EP | SEVILLA La dirección letrada de la familia de la joven sevillana Marta del Castillo, por cuya desaparición y muerte ha sido condenado a 20 años Miguel Carcaño, ha anunciado este lunes ante la Audiencia Provincial de Sevilla la interposición de un recurso de casación en el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada por la Sección Séptima, paso que también ha seguido la defensa del propio Carcaño.

En el recurso se expondrán una serie de motivos, los cuales, de ser estimados, supondrían la nulidad del juicio celebrado y la necesidad de proceder a uno nuevo ante un tribunal del jurado o ante la propia Audiencia Provincial, de forma que todos los acusados podrían ser condenados, según ha informado en un comunicado el bufete de abogados Montero-Aramburu.

En caso de desestimación, se presentan otros motivos, ya con carácter subsidiario, por los que se interesa la condena de Carcaño por el delito de profanación de cadáveres y de Samuel Benítez por encubrimiento y profanación de cadáveres.

El recurso de casación someterá a la consideración del Tribunal Supremo, en primer lugar, si la interrupción de la tramitación de procedimiento del tribunal del jurado para el caso podría haber lesionado el principio de legalidad procesal y de tutela judicial que incluye el derecho al juez predeterminado por la ley.

Asimismo, la representación jurídica que encabeza el letrado José María Calero vuelve a plantear la cuestión de inconstitucionalidad por el doble enjuiciamiento a Francisco Javier García Marín, el 'Cuco', menor de edad en el momento de los hechos, y a los cuatro adultos.

En concreto, subraya si este procedimiento debió evitarse planteando la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, "impidiendo el dictado de sentencias contradictorias", así como que se vulnerara el derecho a la tutela judicial efectiva de la familia de Marta, "que incluye el derecho a ejercer la acción penal conforme a los principios del juicio justo y la quiebra de los principios de Unidad Jurisdiccional, Exclusividad de la Jurisdicción y Seguridad Jurídica". Es decir, si se ha lesionado el derecho de la familia de la joven a obtener una sola respuesta del Estado respecto de los hechos de los que su hija menor fue víctima.

También plantea la acusación particular la inconveniencia de que la resolución en el proceso paralelo contra el 'Cuco' se diera a conocer durante el juicio principal, preguntando por si el dictado de la sentencia del menor impidió al tribunal situarse frente a las pretensiones de las partes con la necesaria apariencia de imparcialidad, en tanto que la estimación de la posición de las acusaciones les llevaba a dictar una resolución "en abierta contradicción con la ya dictada e incomprensible socialmente al tener que aludir necesariamente a la comisión de graves hechos del menor no enjuiciado, que habrían resultado impunes".

Pruebas denegadas "indebidamente"

Asimismo, la dirección letrada de la familia de Marta someterá a la consideración del Supremo si en la tramitación del juicio se han denegado "indebidamente" por el tribunal pruebas de testigos y peritos solicitadas por los allegados de la joven "que, de haberse celebrado, podrían haber modificado el resultado de la prueba", cual pueden ser los testimonios de los padres de Samuel o el policía director de la investigación, Manuel Piedrabuena.

Por último, se cuestionará si el relato de los hechos probados de la sentencia contiene "obscuridades, contradicciones e incoherencias que hacen que sea incomprensible", así como si la valoración de la prueba ofrecida por la resolución puede considerase "absurda o contraria a la lógica y la razón, sobre todo, y de manera especialmente relevante, en la valoración ofrecida de las declaraciones del acusado principal, al tener por veraz aquella que resulta más inconsistente y carece de corroboración alguna".

En último término, si fueran desestimados todos los anteriores motivos y partiendo de los hechos probados, la acusación particular plantea si debe condenarse a Carcaño por el delito de profanación de cadáveres y a Benítez por encubrimiento y profanación de cadáveres.

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