El diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), explicó ayer que su gobierno foral no va a promover la aplicación de la denominada amnistía fiscal en este territorio, entre otras razones porque supondría un «agravio comparativo» con los buenos contribuyentes. En Álava, aunque el Gobierno foral hubiera querido trasladar esta medida del Ejecutivo español no habría podido, ya que el PP no cuenta con la mayoría suficiente para aprobarlo en las Juntas Generales, cámara competente para aprobar la normativa fiscal. En las otros dos territorios vascos, Bizkaia y Gipuzkoa, tampoco se aplicará esta amnistía fiscal, ya que las diputaciones están gobernadas por PNV y Bildu que se oponen a la medida.

La amnistía fiscal parcial permite a los contribuyentes que sean titulares de bienes que no se correspondan con las rentas declaradas presentar una declaración para regularizar su situación tributaria. En esta medida se aplicaría un gravamen del 10 % sobre los bienes declarados para las personas físicas y del 8 % para las jurídicas, con lo que el Gobierno espera recaudar unos 2.500 millones de euros.

El diputado general de Álava reconoció que aplicar esta medida supondría un «agravio comparativo» entre quienes han sido «buenos contribuyentes» y los que se beneficiarían de unas medidas especiales en un territorio además en el que muchas empresas están teniendo que hacer esfuerzos importantes para devolver las ayudas que recibieron por las denominadas «vacaciones fiscales» de la década de 1990.

De Andrés también desechó promover la aprobación de la amnistía fiscal porque la regularización de ese posible capital tendría menor repercusión recaudatoria que la que tiene ya la actuación ordinaria de la Hacienda.

También la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, asegura que la «injusta» amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo central «rompe el principio de equidad» que establece la Constitución y que debería guiar toda política tributaria. Mendia se refirió a esta medida del gabinete de Mariano Rajoy, que en Euskadi —cuyos territorios históricos tienen su propio sistema fiscal— no parece que vaya a aprobarse, dado el rechazo del PNV, el PSE-EE y Bildu a la misma.

La portavoz del gabinete de Patxi López advirtió de que esta iniciativa lanza «un mensaje peligroso», según el cual, quienes defraudan a Hacienda, podrían pensar «que no pasa nada por no declarar sus ingresos, porque en algún momento habrá una amnistía que les resultará más barata». Por su parte, el presidente del PNV en Vizcaya, Andoni Ortuzar, se muestra contrario a la amnistía fiscal y pide al PP «que se baje del pedestal» porque tiene mayoría absoluta, pero las medidas que está adoptando van contra «la mayoría social».

El PSOE reiteró su rechazo frontal a los PGE, así como su oposición a la amnistía fiscal, que juzga inconstitucional y que define como un «expolio premeditado», por lo que ha pedido más explicaciones al presidente Rajoy, al que hasta ahora sólo han visto «mentira y cobardía», según manifestó la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez.