El Consejo de Ministros aprobará a primeros de mayo una reforma para simplificar la Administración Pública, reordenar las competencias de las distintas administraciones y evitar duplicidades, según han informado fuentes gubernamentales.
Por lo pronto, este mismo viernes el Gobierno ya adelantará algunas líneas generales sobre esa simplificación de la administración porque es una de las reformas incluidas en el Programa Nacional de Reformas que el Ejecutivo enviará a Bruselas antes de que acabe el mes.
El propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que el Gobierno trabaja para "eliminar la superposición de competencias y reducir el gasto superfluo que de ella se deriva".
El objetivo de esta reforma, que está todavía en fase de elaboración, es desarrollar el principio que enunció el propio Mariano Rajoy en el debate de investidura: "una competencia, una administración", recuerdan fuentes gubernamentales.
Rajoy lo acordó con sus barones
El pasado 14 de mayo, Rajoy llevó este tema a la reunión que mantuvo en la sede del PP con los presidentes autonómicos y regionales del partido, que se comprometieron a "racionalizar" las administraciones, evitar duplicidades y ordenar las competencias, con el fin de "gestionar el dinero de los ciudadanos de la manera más austera y sobria posible".
De hecho, suscribieron un documento en el que figura explícitamente la necesidad de "acometer de forma clara y profunda una reforma del conjunto de las administraciones públicas y de los servicios que prestan". Se trata, añadía el texto, de "usar con más eficiencia y capacidad los recursos que los ciudadanos, con gran esfuerzo, ponen a disposición de todas las administraciones".
En cuanto a las competencias -el documento no hablaba en ningún momento de devolverlas como planteó recientemente Esperanza Aguirre--, se comprometieron a "eliminar las duplicidades existentes de forma que cada ámbito competencial sea ejercido por una sola administración".
El ordenamiento de las competencias debe llevar a "la eliminación de forma progresiva de las competencias impropias de las corporaciones locales". Además, "los servicios públicos se han de modernizar de forma que se racionalice su uso y se puedan prestar con más calidad a los ciudadanos", decía el citado manifiesto.
