El PP mantiene un "silencio prudente" después de que la Fiscalía de Cuba haya solicitado siete años de cárcel para el dirigente de NNGG Ángel Carromero, y ha mostrado su "confianza en las gestiones que esté haciendo el Gobierno" al respecto, que no ha querido pronunciarse sobre este asunto.
La Justicia cubana ha acusado hoy a Carromero de homicidio imprudente por conducir el vehículo en el que murieron los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero tras sufrir un accidente de tráfico en Cuba el pasado 22 de julio.
El Ministerio de Asuntos Exteriores no ha querido hacer ninguna valoración sobre este asunto siguiendo la línea que su titular, Jose Manuel García-Margallo, ha establecido en declaraciones públicas en las últimas semanas al mantener la máxima discreción para no dificultar la repatriación de Carromero lo antes posible. Sí ha reaccionado el Partido Popular, que ha incidido en la necesidad de prudencia ante esta "situación muy delicada", según han manifestado fuentes de esta formación.
Por su parte, el hermano del disidente Oswaldo Payá, Carlos Payá, ha confirmado que la familia del fallecido no presentará acusación contra el líder de Nuevas Generaciones de Madrid al considerar que es inocente, y ha evitado pronunciarse sobre la decisión de la Fiscalía ya que, según ha argumentado, no evaluará "lo que una tiranía hace con los rehenes".
Desde la isla, la disidencia cubana, a través del portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), Elizardo Sánchez, ha considerado "excesiva" la petición de siete años de cárcel, ya que se trata, a su juicio, de un accidente motivado por el mal estado de las carreteras del país.
El disidente cuestionó además a las autoridades por la inesperada celeridad de la causa. "Estas peticiones fiscales se demoran generalmente más de un año y el juicio seguramente será a puertas cerradas por razones del interés político del Estado", ha denunciado.
El secretario general de IU, Cayo Lara, ha pedido que la Justicia cubana se decida cuanto antes sobre la situación de Carromero para que no sufra un "calvario" si se alarga el proceso judicial.
UPyD ha considerado, por su parte, que el régimen castrista está usando al dirigente español como "rehén" para obtener el "máximo beneficio" político de su posible repatriación a España.
