Fraude

Primeras negativas a declarar en la comisión de los ERE andaluces

Un exdiputado autonómico socialista y el exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo defienden su inocencia

 13:49  
Díaz Alcaraz, a su llegada al juzgado.
Díaz Alcaraz, a su llegada al juzgado. EFE

EP / SEVILLA El exdiputado del PSOE-A, imputado como asesor de la Consejería de Empleo, Ramón Díaz, ha defendido este martes su "más absoluta inocencia" ante los hechos que se le imputan en relación al caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), insistiendo en que, durante los años en que trabajó en el departamento del ramo, sus actuaciones se produjeron "bajo el paraguas de la legalidad".

Así se ha pronunciado Díaz durante su intervención en la comisión de investigación creada en el Parlamento, en la que, tras leer un comunicado, se ha negado a responder a las preguntas que los distintos grupos parlamentarios iban a formularle, argumentando que, al estar inmerso en un proceso judicial, su defensa le recomienda que no declare.

Los miembros de la comisión de investigación han suspendido momentáneamente la sesión para deliberar sobre si Díaz tiene que permanecer en la sala para oír las distintas preguntas de los grupos, aunque se acoja a su derecho de no contestarlas. El exdiputado socialista ha pedido poder abandonar la comisión, tras considerar que ha "cumplido" con la misma.

Tampoco declara el segundo imputado

Por su parte, el segundo imputado, el exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo Antonio Diz-Lois Ruiz, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación creada en el Parlamento, ni a responder las preguntas formuladas por los distintos grupos, al tiempo que ha eludido toda responsabilidad en este caso, subrayando que era "un simple jefe de servicio".

Así se ha pronunciado Diz-Lois en su intervención en la comisión de investigación, en la que ha anunciado que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra este órgano, si se le realizaban preguntas, al considerar que dichas cuestiones podrían "lesionar su derecho a la defensa", así como también sus derechos "al honor, la intimidad y la propia imagen", recogidos en la Constitución.

Por su parte, el presidente de la comisión de investigación, Ignacio García (IU), le ha respondido que la comisión reconoce y respeta su derecho a no declarar y no contestar las preguntas de los grupos, pero que entiende que "no se lesionan sus derechos constitucionales", por lo que procedió a pedir a los grupos parlamentarios que formularan sus preguntas.

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