Caso de los ERE

Martín Soler se desvincula de ayudas irregulares a ERE

El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa hasta 2010 afirma que IDEA era "un mero agente pagador"

 21:10  
Martín Soler
Martín Soler EFE

EFE/ SEVILLA Los exconsejeros andaluces de Innovación, Francisco Vallejo y Martín Soler, han negado hoy tener responsabilidades políticas en la tramitación de los ERE y han coincidido en que las "graves irregularidades" detectadas en el procedimiento corresponden exclusivamente a la Consejería de Empleo.

Vallejo y Soler han minimizado durante sus comparecencias en la comisión de investigación del Parlamento andaluz que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) siguiese ejecutando los pagos para ERE que ordenaba Empleo tras ser transferido a Innovación y han sostenido que estaban centrados en asuntos más importantes que estos pagos, que han tildado de cuestión "absolutamente burocrática".

Han rehusado cualquier responsabilidad política al respecto, han señalado que "jamás" recibieron advertencias de ilegalidad del procedimiento, que la partida presupuestaria 31L con la que se abonaban los ERE la conoció el Parlamento y que era Empleo la que tramitaba los expedientes y ordenaba unos abonos de los que el IFA y su sucesora, la Agencia IDEA, eran meras "ventanillas de pago".

Vallejo ha revelado que tardó "un año y medio" en enterarse de que el IFA seguía ejecutando pagos que le ordenaba Empleo pese a haber sido transferido a su Consejería, circunstancia que ha relacionado con "las tensiones" de las difíciles negociaciones de su departamento con las cinco consejerías de las que absorbió competencias, entre ellas Empleo que, ha resaltado, llegó a perder un 70 por ciento de sus atribuciones.

Su sucesor en el cargo, Martín Soler, también ha asegurado ante la Cámara desconocer los polémicos pagos de Empleo a través de IDEA, de los que se ha enterado "hace seis meses" y, como Vallejo, ha aseverado que no conoció ninguna de estas ayudas, ni los informes de la Intervención General de la Junta que a partir de 2005 detectaron "anomalías y de la vulneración" de varias leyes en el procedimiento.

Los exconsejeros no solo han desviado las responsabilidades de las "graves irregularidades" de estos pagos a la Dirección General de Empleo, sino que han mostrado su "extrañeza" por que la Intervención y otros órganos fiscalizadores no pidieran la paralización de este sistema de ayudas sociolaborales y a empresas, que ha superado los 1.000 millones de euros.

La diputada de IU Alba Doblas le ha preguntado a Soler por qué sólo se han detectado anomalías en las ayudas de su departamento que pagaba por orden de Empleo, a lo que ha respondido: "Porque no estaba el sinvergüenza de turno", en alusión al exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión.

"Mientras un juez no diga lo contrario el procedimiento es legal", ha dicho Martín Soler, mientras Vallejo ha tildado la partida presupuestaria 31L de "pública y transparente".

Ninguna de estas explicaciones han convencido a los portavoces del PP e IU, que han aludido a las responsabilidades políticas de los exconsejeros, mientras el PSOE ha intentado desmontar la teoría de que el sistema fue diseñado con criterios de clientelismo político.

Doblas no ha considerado verosímil que los exconsejeros desconocieran que IDEA pagaba estas ayudas, mientras que el diputado del PP Rafael Carmona ha espetado: "Eso no se lo cree nadie".

Para Doblas, este desconocimiento no les exime de "responsabilidad política" por el mal uso de parte de estas ayudas y es "deplorable" que hayan desviado a sus subordinados cualquier responsabilidad de irregularidades.

Ambos han esgrimido que no estaba entre sus funciones el control del presupuesto de su departamento, mientras la diputada expresaba su estupor porque la partida relacionada con los ERE irregulares ascendía cada año a unos cien millones de euros.

Rafael Carmona le ha recordado a Soler que la Intervención sostuvo en su informe que estos fondos se pagaron "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido".

Con anterioridad pasó por la comisión Manuel Recio, exconsejero de Empleo, que ha cifrado en un 3 por ciento las irregularidades que detectó la investigación interna de la Junta sobre los ERE y ha atribuido a un "abuso de confianza" las anomalías cometidas y no a un mal procedimiento o a una falta de publicidad de las ayudas.

Ha resaltado la "respuesta inmediata" para investigar y colaborar con la Justicia, aunque ha reconocido que la Junta pagó de forma indebida 12,8 millones en ayudas y dejó de abonar 14,7 millones ante sospechas de irregularidades.

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