El empresario jerezano José María Ruiz Mateos ha sido detenido esta mañana en su domicilio familiar de Somosaguas por orden de la juez María Pascual, quien le investiga por un supuesto delito de estafa en la compra-venta de un hotel en Palma de Mallorca.

Cuatro agentes de la Policía de Pozuelo han acudido hasta la casa de José María Ruiz Mateos en dos vehículos y han salido minutos después con el empresario y su hija Begoña Ruiz Mateos en uno de ellos, mientras que su portavoz, Ignacio Fernández Candela, ha permanecido en la casa.

La juez María Pascual ordenó ayer la búsqueda y detención inmediata de Ruiz-Mateos después de que este no acudiera por tercera vez a su citación en el Juzgado de Palma.

Según ha apuntado a EFE un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el empresario ha sido conducido a la comisaría de Pozuelo de Alarcón a la espera de su traslado a Palma de Mallorca cuando lo determine la jueza María Pascual.

Por su parte, la abogada de la acusación, Isabel Fluxà, ha señalado a Efeagro que "está contenta" con la detención de Ruiz Mateos, ya que es la medida que solicitó el pasado viernes al juzgado número 3 de Palma de Mallorca.

Sin embargo, Fluxà ha afirmado que no se quedará "tranquila" hasta que no vea al empresario "entrando por la puerta del juzgado para declarar".

El empresario ya fue arrestado la mañana del pasado miércoles y pasó todo el día en la misma comisaría de Pozuelo, en cumplimiento de una anterior orden de detención que dictó la jueza para asegurarse su presencia el jueves en su tercera citación en el Juzgado de Palma.

Finalmente y de madrugada, la jueza lo puso en libertad por "razones humanitarias", aunque con la obligación de comparecer al día siguiente en el Juzgado, cosa que no hizo alegando problemas de salud.

Ruiz Mateos estaba citado a declarar por la ampliación de la querella de Francisco Miralles en relación con la compra del hotel Eurocalas de Mallorca, que acusa al empresario jerezano, junto a sus hijos varones, de estafa como avalistas de un sobrino que adquirió el establecimiento por 24 millones de euros.

La juez investiga la supuesta comisión de delitos de estafa, administración desleal y alzamiento de bienes.