La consellera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, ha afirmado este miércoles que la Generalitat no ejecutará los nuevos autos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir las clases también en castellano si un alumno lo pide.
En una rueda de prensa, Rigau ha dicho que "no es viable aplicar estas medidas porque, por un caso en particular, no se tienen en cuenta los derechos de los otros padres", por lo que se mantendrá el modelo de inmersión lingüística catalán.
Rigau ha explicado que las medidas de los nuevos autos del TSJC son cautelares y forman parte de un proceso judicial aún abierto, en el que la Generalitat ha recurrido al Tribunal Supremo dichas decisiones judiciales.
"No contemplamos ejecutar la resolución en los términos en los que está planteada porque confiamos que el recurso nos será favorable, la historia nos permite pensar esto", ha afirmado Rigau.
La consellera ha recordado que anteriores resoluciones del Tribunal Supremo han avalado el modelo de inmersión lingüística y que ahora se plantea "un pretendido cambio que no es posible porque choca con la ley de educación de Cataluña" (LEC).
Según Rigau, este curso son diecisiete los alumnos que han pedido educación en castellano, a los que se les proporciona una atención individualizada, pero "es imposible que se cambie la lengua de todo el grupo".
En este sentido, la consellera ha recordado que el proyecto lingüístico está fijado por el Consejo Escolar de cada centro, que se rige por la LEC, y que, por respeto al conjunto de los padres, no se puede modificar por una petición individual, así que "cambiar la lengua del aula supondría cambiar el sistema".
Respaldo de ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP
ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP han aplaudido la decisión del gobierno catalán de no aplicar los nuevos autos del TSJC y han criticado la "judicialización" y "politización" de la educación.
En rueda de prensa en la cámara catalana, los partidos han reaccionado así a los diez autos judiciales del TSJC en los que se insta a la administración a impartir enseñanza bilingüe -en castellano y catalán- en las clases de diez centros escolares donde alguna de las familias lo habían solicitado, pero que no ejecutará la Generalitat, según la consejera de Enseñanza, Irene Rigau.
La portavoz parlamentaria de ERC, Marta Rovira, ha apelado a combatir que "los tribunales determinen cómo se deben educar los niños" y pretendan cambiar un sistema vigente desde hace tres décadas y avalado por el Parlament.
Rovira ha avisado del peligro de que se "judicialice la escolarización", ya que generaría una "gran indefensión" en las familias que preinscriben sus hijos en un centro con un modelo lingüístico que luego podría ser modificado por una demanda individual.
Por parte del PSC, la diputada Rocío Martínez-Sampere, ha mostrado su apoyo a las acciones legales que adopte el gobierno catalán para defender un modelo lingüístico de "éxito", ante los intentos de diversos sectores de "politizar" la educación pública catalana.
"Conflicto lingüístico"
Desde ICV-EUiA, su portavoz parlamentaria de ICV-EUiA, Dolors Camats, ha alertado de que hay una "intención real" de algunos grupos políticos y movimientos de "dividir" y de "construir un conflicto lingüístico" que no existe para obtener un rédito político.
La diputada ecosocialista, que ha destacado el "éxito" educativo pero también "social" del sistema educativo catalán, ha hecho así un llamamiento para "blindar" el modelo lingüístico y el catalán como lengua vehicular, y ha dicho no entender una sentencia judicial que por preservar un derecho individual se ve afectado el resto de los alumnos.
Por su parte, el diputado de la CUP Quim Arrufat ha expresado su preocupación ante el hecho de que desde los tribunales se imponga una ruptura del "consenso amplio" entorno al modelo educativo catalán, y ha llamado a la desobediencia civil.
