Doce comunidades autónomas no han facilitado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el paradero de 44 millones de euros aportados por el Estado en 5.398 expedientes irregulares de la Ley de Dependencia, que detectó el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a marzo de 2013.
Fuentes de este departamento han confirmado hoy a Efe que tan solo cinco gobiernos autonómicos han dado cuenta del destino de estas partidas dirigidas a casos de dependencia que contenían diversos errores, entre ellos, supuestos dependientes que habían fallecido, expedientes duplicados, confusiones en el DNI o ayudas para teleasistencia incompatibles con otras prestaciones.
El ministerio que dirige Ana Mato exigió a las autonomías esta información pero tan solo han respondido a fecha de hoy cinco regiones, mientras que de las restantes una tercera parte han aportado ciertos datos con fallos constatables y las demás han mostrado su "rebeldía" a la hora de entregar una documentación que consideran reservada al ámbito de sus competencias.
Las ayudas para la dependencia estipulan un mínimo de 1.400 millones de euros anuales por parte del Ejecutivo central, con el que se dota a las comunidades en función del número de dependientes beneficiarios.
En este ámbito, el Tribunal de Cuentas reconoció fraudes o errores de tramitación importantes que el Ministerio de Sanidad está intentando fiscalizar para que se corrijan y no vuelvan a repetirse, en un objetivo claro de lograr la "transparencia" en el uso que se hace del dinero de los españoles destinado a las personas dependientes.
El Gobierno se encuentra con otra traba a la hora de regularizar estos fondos y evitar la "discrecionalidad" en su reparto: los sistemas informáticos que emplea cada comunidad no son compatibles con un modelo centralizado de recopilación de datos.
Por ello, está decidido a que antes del mes de julio se determine qué información concreta debe facilitar cada ejecutivo autonómico y, también, a implantar un modelo unitario informático para el conjunto del Estado.
La concreción de este proyecto se elevaría a un Consejo Interterritorial de Asuntos Sociales que, previsiblemente, se convocará en el mes de junio, dejando así el asunto zanjado "antes de las vacaciones".
El Ejecutivo "confía en la buena voluntad" de las Comunidades Autónomas, de modo que se vayan sumando al propósito de lograr el fraude cero en la distribución de estas partidas, en un momento de crisis económica, en el que especialmente relevante garantizar la sostenibilidad del sistema.
El ministerio también quiere evitar que las ayudas para la Dependencia, que siguen siendo la partida más grande de los presupuestos del departamento, se conviertan en una "especie de subsidio".
Actualmente, el 48 % de ellas van dirigidas directamente a las familias con algún miembro dependiente mientras que hay 45.000 plazas públicas de residencias vacías.
La razón de esta situación podría tener su base, según estas fuentes, en que a las comunidades autónomas "les sale más barato" la ayuda familiar directa que el coste de una plaza residencial, si bien su uso generaría una "importante actividad económica".
El Gobierno detecta que hay "cierta picaresca" en esta situación y que "algo se está haciendo mal" porque, en algunos casos, el coste de los centros públicos duplica o triplica el de las residencias privadas, con parámetros de asistencia y calidad equiparables.
Las mismas fuentes consideran que esta situación es fruto de los "cúmulos de problemas" y de la "dejación absoluta" en la que incurrió el anterior Ejecutivo, a la hora de controlar las ayudas.
Actualmente, según el ministerio, la reforma de la Ley de Dependencia ha permitido que el sistema "sobreviva", dotarlo de mayor transparencia, que las listas de espera se sitúen en los seis meses y que haya 25.000 nuevos usuarios.
No obstante, las fuentes consultadas por Efe han reconocido que queda mucho por hacer para conseguir que se haga un uso correcto de las aportaciones que están recibiendo los "grandes dependientes" o personas con dependencia severa, con el objetivo de que, en 2015, puedan incorporarse al sistema los dependientes moderados.
