Acusan a un abogado de 'lavar' las comisiones de los ERE

En el auto por el que la juez acordaba el ingreso en prisión de Carlos Leal eludible bajo fianza de 150.000 euros, cantidad que el imputado depositó esta madrugada y que posibilitó su inmediata puesta en libertad, la magistrada Mercedes Alaya concluye que Lanzas fue "una figura trascendental" para los negocios de Estudios Jurídicos Villasís, y de hecho "se dio de alta" en dicho bufete entre los días 18 y 28 de febrero de 2011, "teniendo asignado un sueldo de 22.000 euros al año".

En dicho auto la juez dice que Juan Lanzas y Carlos Leal "se prestarían servicios recíprocamente", ya que el 'conseguidor' "proporcionaría" al abogado diversos clientes "por sus conocimientos e influencias en sindicatos y en la Junta" y, a su vez, "encontraría en Estudios Jurídicos Villasís la apariencia necesaria para desarrollar su trabajo de 'conseguidor', que le proporcionó pingües beneficios cercanos a los 13 millones de euros".

Al hilo, la juez subraya que Lanzas habría utilizado dicho bufete "como un centro de lavado" de dinero pues, mediante las facturas elaboradas por el presunto 'testaferro' Eduardo Leal del Real, el abogado "blanquearía las ganancias ilícitas obtenidas por Lanzas, y ello a cambio de la contraprestación oportuna, clientes y dinero, pues Eduardo Leal" entregaría al letrado imputado "sobres con dinero".

En definitiva, señala la magistrada, Estudios Jurídicos Villasís "se habría convertido en un centro de blanqueo de las ganancias obtenidas por su empleado Juan Lanzas, elaborándose y abonándose por el despacho facturas falsas por servicios inexistentes al entorno societario de su máximo conseguidor", todo ello "a fin de borrar el origen ilícito del dinero obtenido por ésta basado en comisiones ilícitas por su presunto tráfico de influencias, gran parte de las cuales tendrían su origen en fondos públicos".

“Distribuación de ganancias” entre Carlos Leal y Juan Lanzas

"Era tal la cobertura a todos los niveles que le ofrecía Estudios Jurídicos Villasís a Juan Lanzas que sólo puede pensarse en una distribución de las ganancias entre ambos", argumenta la juez, quien asevera que el 'conseguidor', a través de este despacho, "termina participando en todo el pastel".

En el auto, de 44 páginas, la magistrada dice que Carlos Leal, "valiéndose de sus contactos e influencias" tanto en la Junta como con los sindicatos, participó desde el año 2001 en determinados procesos de negociación y concesión de ayudas sociolaborales instrumentalizados a través de pólizas de renta, los cuales finalmente "obtenían financiación pública en detrimento de otras empresas y trabajadores que no tenían tales contactos" y que "no conocían las subvenciones sociolaborales por su falta de publicidad".

La juez añade que "en este ambiente de cierto privilegio, pues sus altos honorarios estaban garantizados por fondos públicos de una forma u otra", Carlos Leal también intervino en el proceso posterior, cuando la ayuda ya había sido comprometida a través de las asociaciones de extrabajadores que él constituía.

"Pantalla"

A juicio de la juez, estas asociaciones eran "un invento extremadamente caro" de los sindicatos y "financiado en buena parte por la Junta por el mantenimiento de la llamada paz social ante la multitud de trabajadores desempleados".

La magistrada subraya que las asociaciones fueron un "invento" de los sindicatos a fin de "canalizar algunas subvenciones que tuvieran que percibir para ejercer acciones sindicales y que durante tiempo habría sido admitido por la Junta", punto en el que tacha de "verdaderamente singular" el caso de la Faja Pirítica de Huelva, cuya asociación fue "tan solo un instrumento en manos de UGT y CCOO" y "una mera pantalla que habría burlado todos los controles fiscales, laborales y administrativos".

"Su existencia se justificaba por la esperpéntica razón de que los prejubilados eran mineros, que además habían dejado de serlo hacía muchísimos años, personas a las que le se supone el inculpado una inusitada incapacidad para desplazarse a las asesorías jurídicas de los sindicatos de las cercanas ciudades de Huelva o Sevilla, si alguna cuestión tenían que plantearle", apostilla la instructora.

La juez recuerda que el imputado "ha reconocido" que esta asociación, "en definitiva los sindicatos, con la decisiva ayuda de Uniter y del inculpado, que controlaba el contenido de sus cuentas", se habría "apoderado de las indemnizaciones del Fogasa, que ascendían nada menos que a siete millones de euros", unos fondos que, según Alaya, "son públicos en la medida que proceden de un organismo público" y que "no llegaron a ser entregados a los trabajadores, sino que eran custodiados por la asociación que el imputado gestionaba y que debieron ser destinados además a una finalidad pública concreta, que era aminorar la prima de las pólizas de prejubilaciones".

Uniter pagó 3,7 millones

No obstante, la magistrada dice que este dinero "se destinó para un uso particular y ajeno a los trabajadores cedentes de dichas indemnizaciones: abonar a Estudios Jurídicos Villasís cinco millones de euros de honorarios correspondiente a su relación con Uniter y el resto esta mediadora", no descartando la juez que los sindicatos "pudieran haberse quedado con alguna parte".

De otro lado, la juez dice que Carlos Leal "era conocedor y beneficiario de las sobrecomisiones que Uniter y Vitalia cobraban de la Junta", precisando que entre 2004 y 2010 la primera de las mediadoras citadas habría pagado a su bufete 3,7 millones de euros, lo que supone "un importantísimo trasvase de dinero que no puede estar justificado, por su importancia cuantitativa ni por las fechas en que se producen, en el pago de honorarios, que también se han pagado directamente por la asociación".

Según considera Alaya, estos fondos procedentes de Uniter "tendrían en múltiples casos un origen público derivado de las sobrecomisiones que cobraba dicha mediadora y que en las operativas bancarias analizadas por la Guardia Civil ascienden a 1.061.700 euros".

La juez, que atribuye a Carlos Leal la inclusión de una veintena de 'intrusos' en "connivencia" con Lanzas y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, concluye que el cometido del imputado era "influir en la concesión de las ayudas por sus contactos con cargos de la Junta y sindicatos, distribuir fondos, en gran parte públicos, suministrados por Uniter, y además realizar operaciones de blanqueo".

En esta línea, dice que las relaciones de Carlos Leal con Guerrero, al que "prestó continuos favores personales", y con Lanzas, "colocan" al imputado "en una posición de excesiva exposición para los beneficios reportados", por lo que "la conclusión no puede ser otra que una distribución oculta de ganancias entre estos personajes, que nada añade más que completar la historia, al presunto rol delictivo" del letrado.