El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha remitido a los Juzgados de Plaza Castilla la información relativa a la destrucción de los discos duros de dos ordenadores utilizados por el extesorero del PP Luis Bárcenas, al considerar que los hechos revisten "relevancia penal" y que podrían haberse cometido delitos de daños informáticos y encubrimiento.

En un informe presentado a Ruz ese miércoles, el Ministerio Público se posicionó en contra de la petición efectuada por varias acusaciones personadas en la causa que investiga la presunta contabilidad B del PP que solicitaban la apertura de una investigación. En el escrito, la Fiscalía señalaba que esta diligencia no aportaría ningún resultado de interés para el avance de la causa.

El Partido Popular destruyó en abril de este año el contenido de los discos duros de los dos portátiles, un mes después de que agentes de la Policía Nacional acudieran a Génova tras la denuncia que el exsenador presentó contra el abogado de la formación, Alberto Durán, por abrir sin su consentimiento un espacio que tenía a su disposición en el edificio.

Esa visita de la Policía Nacional a la sede popular se produjo el 1 de marzo, el mismo día que Bárcenas interpuso su denuncia, y fue justificada con el objetivo de comunicar a Durán la acción judicial emprendida por el ex tesorero, sin que los agentes practicaran otras diligencias, según señalaron entonces a la agencia Europa Press fuentes policiales.

"Riesgos de huida"

Ruz, además, ha rechazado poner en libertad a Bárcenas, que lo había solicitado el pasado 12 de septiembre, al considerar que aún están pendientes diversas diligencias de investigación "y al permanecer plenamente vigentes los riesgos de huida".

En el auto notificado este jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 señala que la tras su decisión de encarcelar al extesorero, adoptada hace mes y medio, no se ha modificado "presupuesto alguno de los que en su momento fueron valorados" y está aún pendiente la práctica de varias diligencias para confirmar y delimitar su indiciaria participación delicitiva en los hechos.

En su escrito, Bárcenas solicitaba su libertad provisional porque no tiene la "menor tentación" de huir al extranjero y tampoco concurre el riesgo de que pueda inutilizar fuentes de prueba, más bien al contrario "hará todo lo posible para preservar cualquier material probatorio relevante que pueda estar a su alcance".