Tanto el PSOE como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) rechazan el "copago" por los medicamentos que se dispensen en las farmacias de hospitales a enfermos graves o crónicos no ingresados.
"El Gobierno se ceba con los enfermos, castigando y empobreciendo a los más vulnerables", según denuncia en un comunicado la secretaria socialista de Política Social, Trinidad Jiménez, que ha pedido la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato.
Según Jiménez, "no hay explicación alguna para esta decisión", que ha considerado "inhumana".
Mato "se está cargando el sistema público de salud", ha añadido, y es "inadmisible" una "insensibilidad tan grande" con estos enfermos.
La carga económica "se multiplica de tal forma" que habrá personas que no podrán hacerle frente", señala Jiménez.
"La ministra Mato compareció ayer en la Comisión de Sanidad del Congreso y no fue capaz de anunciarnos la medida", según el portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos.
Al mismo tiempo, la FADSP considera que se trata de "una nueva barrera que dificulta y/o impide el acceso a medicamentos necesarios a los sectores de la población con menos ingresos", lo que genera el "aumento de la morbilidad y de la mortalidad" en los grupos con bajos ingresos y problemas graves de salud.
"Se trata de una agresión más del Ministerio de Sanidad", opina esta organización en una nota.
Los pacientes no ingresados deberán asumir una "aportación reducida" desde el 1 de octubre, según publica hoy el BOE, por los medicamentos para tratar enfermedades graves o crónicas que se dispensan en los servicios de farmacia de los hospitales, con un máximo de 4,2 euros por envase.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, explicó hace nueve meses en el Congreso que el objetivo es equiparar la receta médica con la orden de dispensación hospitalaria para evitar diferentes interpretaciones jurídicas y clarificar ambos conceptos, y poder seguir avanzando en la implantación de la receta electrónica.
Se trata de reflejar la realidad de la farmacia hospitalaria, que incluye los medicamentos que se dan a las personas ingresadas y los que se dispensan a través de las farmacias de los hospitales, dijo entonces.
"En modo alguno -precisó- los pacientes hospitalizados van a tener que pagar nada por los medicamentos que reciba".
CCAA en contra del copago
Mientras, varias comunidades autónomas se han pronunciado ya en contra del copago. Es el caso de Castilla y León. Su presidente, Juan Vicente Herrera, ha anunciado que se dirigirá al Gobierno de la nación para que "no llegue a aplicarse" el copago de las medicinas que se dispensan en los hospitales a enfermos crónicos y de larga duración.
A preguntas de los periodistas tras firmar hoy en Burgos un convenio para ceder el antiguo hospital militar burgalés a la Universidad de Burgos, Herrera ha asegurado que esta misma mañana ha mantenido conversaciones con presidentes de alguna otra comunidad autónoma que también se opondrán a la medida.
En su opinión, se trata de una postura "que hay que defender por coherencia y porque se trata de medicamentos que los pacientes deben consumir necesariamente y no se aprecia que vaya a producir ningún ahorro razonable".
También la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha expresado este viernes su rechazo al copago.
En declaraciones a los periodistas en Huelva, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde de la ciudad, Pedro Rodríguez (PP), Díaz ha señalado que desconocía la medida y que han tenido conocimiento de ella tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado, por lo que ha lamentado que el Ministerio de Sanidad no haya trasladado la noticia a la Consejería de Salud.
Por su parte, también el Gobierno Vasco ha considerado hoy inadecuada la orden del Ministerio de Sanidad para aplicar un nuevo "copago" por los medicamentos que se dispensan en las farmacias de hospitales y ha anunciado que está estudiando medidas legales para no aplicar esta medida en Euskadi.
