El DJ Steve Aoki arengaba a una masa enloquecida mientras tres jóvenes perdían la vida en la noche del 1 de noviembre de 2013 en el pabellón municipal Madrid Arena. Katia Esteban, Rocío Oña y Cristina Arce, todas de 18 años, murieron aplastadas por la avalancha que se originó en el pabellón debido al exceso de aforo. Belén Langdon, de 17 años, y Teresa Alonso, de 20, morían días más tarde a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.
Esta tragedia hizo que el Ayuntamiento de Madrid prohibiera desde el primer momento la celebración de eventos similares y que restringiera la cesión de sus espacios solo a espectáculos en los que todos los espectadores estuvieran sentados.
El pabellón municipal estuvo cerrado 175 días, la mayor parte por el precinto judicial, hasta que una feria de material de construcción organizada por una empresa lo reabrió el 24 de abril.
Las primeras sospechas apuntaban a que un petardo pudo provocar la tragedia, pero el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol (cuya hija asistió a la fiesta), aseguró un día después que el aforo se superó con creces. Su hija asistió a la fiesta.
El 5 de noviembre, el juez Palop ordenó el precinto del Madrid Arena y, un día después, recibió el atestado policial en el que los investigadores recogían las declaraciones policiales de los que pudieron tener alguna responsabilidad en lo sucedido.
Días después, se produjeron las primeras imputaciones a instancias de la Fiscalía de Madrid. Entre ellas, se imputó al promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, a su hermano, al gerente de Madridec, Jorge Rodrigo y a varios responsables de la seguridad tanto de Madridec como de Seguriber.
Esas siete imputaciones han pasado en los últimos meses a veinticinco, entre ellos el exdelegado de Seguridad, Medio Ambiente y Movilidad, Antonio De Guindos y el jefe de la Policía municipal de Madrid, Emilio Monteagudo. También están imputados el doctor Simón Viñals y su hijo, quienes se encargaron del botiquín instalado para la fiesta.
A raíz de la causa, el magistrado ha abierto hasta diez piezas separadas. Una de ellas se dirige contra Miguel Ángel Flores para investigar su patrimonio, otra sobre la cúpula policial por un presunto documento falso relativo al supuesto cambio de nivel de riesgo que se realizó aquella noche; y otra sobre el doctor Simón Viñals y su hijo por su mala actuación médica.
Para la investigación judicial es clave el conocimiento de la persona que realizó la orden de abrir un portón por el que entraron cerca de 2.500 jóvenes sin control es clave. Ello habría provocado, según el juez, que la pista central se masificará y se produjeran las avalanchas que desencadenaron la tragedia.
Un antes y un después en la seguridad
Tras la tragedia del Madrid Arena, la presencia policial y las inspecciones se han intensificado en los locales y también en los grandes eventos, para los que se ha creado una unidad especial de la Policía para la vigilancia de grandes eventos (más de 5.000 personas).
"El Madrid Arena ha marcado un antes y un después en el procedimiento, ya que aunque antes se hacían inspecciones pero no de forma tan inquisitiva", explica Julián Leal, portavoz del Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid (CPPM), quien reconoce que ahora los locales "se miran con lupa".
Los organizadores de grandes eventos y los dueños de las salas "dejan ahora a un lado el criterio económico y atienden más la seguridad" y además "el Ayuntamiento se ha puesto las pilas", sostiene Leal.
Sin embargo, desde la Plataforma Empresarial Ocio y Turismo de Madrid, apuntan que "el aforo no mide la seguridad" y en los "muy pocos" locales que han sido clausurados durante el último año por superar el número de personas permitido "no existía un problema de seguridad real". El portavoz de esta Plataforma cree que el suceso del Madrid Arena "fue un caso excepcional".
