La juez Mercedes Alaya asegura que Manuel Ruiz de Lopera consideraba al Real Betis como "una fuente inagotable de negocio", del que obtuvo beneficios de 25 millones de euros a través de sus empresas Tegasa y Encadesa, y lo perjudicó en la misma cantidad.
Lopera "entendía su relación con el Real Betis como un negocio del que obtener ventajas económicas", señala la juez en su escrito de imputación, que le ha leído antes de que el expresidente del club de fútbol sevillano se negase a declarar.
La juez afirma que Lopera, que gestionó el Betis entre 1992 y 2010, habría cometido los delitos continuados de apropiación indebida y otro societario.
Lopera, acompañado de familiares y amigos a la entrada y la salida de los juzgados, ha rechazado declarar ante la juez por consejo de sus abogados, y cuando abandonaba el edificio judicial ha afirmado que tiene "más ganas de hablar que nadie" y que está pensando hacerlo en una rueda de prensa.
Ante Alaya, Lopera ha subrayado que ya había aclarado todas sus alegaciones por escrito, mientras que el resto de las partes, las defensas y el Ministerio Fiscal, han descartado hacer preguntas, según recoge el acta de la diligencia practicada hoy.
La juez afirma que el expresidente bético gestionó privadamente recursos de la actividad deportiva del club y cedía a sus empresas todos los ingresos que recibía del Betis derivados de su actividad deportiva a cambio de una cantidad fija o variable según las temporadas, lo que le permitiría apoderarse de parte de los recursos.
Esa práctica la hizo con Tegasa y Encadesa, con la que empezó en la temporada 1999-2000 con contratos como el arrendamiento del estadio y la ciudad deportiva.
"El fenómeno de autocontratación llegaría a su punto álgido" con el contrato del 11 de julio de 2001 entre Tegasa, Encadesa y el Real Betis con el que Lopera controlaría las tres entidades, subraya la juez.
En ese contrato, el Betis reconoce adeudar a Tegasa por anticipos a cuenta 1.226 millones de pesetas, derecho en el que se subrogó Encadesa comprometiendo su pago a la primera empresa, precisa la juez.
"Y también es ciertamente sorprendente, y de paso indiciariamente ilícito", señala Alaya, el contrato de 20 de febrero de 2002, cuya firma ordena Lopera entre el Betis y Encadesa y por el que se acuerda que el club pague 1.127 millones de pesetas a la empresa por la no continuación de las obras del estadio, que siguen paralizadas.
Con esos contratos, la empresa de Lopera Encadesa adquiere la capacidad, por cesión del Betis, de negociar con terceros en nombre propio y no por cuenta del club derechos económicos de la actividad deportiva, la publicidad, la radio o la televisión.
Tegasa, por su parte, se quedaba con el derecho de patrocinio sobre los futbolistas y con la explotación de los derechos de imagen, y esta actividad con ambas empresas "constituye una clara disminución del patrimonio del Real Betis", concluye la juez.
