El Gobierno británico insistió este viernes en que son "ilegales" los controles aplicados por España en la frontera de Gibraltar, pese a que la Comisión Europea (CE) ha descartado que vulneren las normas comunitarias.

La CE anunció este viernes que "no ha encontrado pruebas" de que los registros de personas y mercancías practicados por las autoridades españolas en la frontera con el Peñón hayan infringido las disposiciones de derecho de la Unión Europea (UE).

A esa conclusión llegaron los observadores europeos enviados el 25 de septiembre a la frontera del Peñón, tras semanas de desencuentros entre el Reino Unido y España, a los que las autoridades comunitarias han pedido ahora que cooperen y pongan en práctica una serie de medidas en busca de mejorar la situación.

El fallo europeo fue aplaudido por España, que considera que la Comisión le ha "dado la razón", pero Londres lo achacó a que, durante la visita de la misión europea, las autoridades españolas "redujeron significativamente" el número de registros.

"Seguimos pensando que el Gobierno español ha actuado -y sigue actuando- de forma ilegal, introduciendo registros desproporcionados y con motivaciones políticas en la frontera de España y Gibraltar" y "seguiremos suministrando pruebas de ello a la Comisión", apuntó David Lidington, secretario de Estado británico para Europa.

Lidington opinó, no obstante, que el dictamen comunitario contiene "fuertes" y "claras" recomendaciones a España, destinadas a mejorar el funcionamiento en el paso fronterizo.

El primer ministro británico, el conservador David Cameron, fue quien pidió en agosto el envío de una misión de observadores comunitarios a la Verja que separa España de Gibraltar para que dictaminase sobre unos controles que siempre ha calificado de "ilegales".

"Los retrasos en la frontera de hasta cuatro horas para los vehículos y peatones siguen afectando a la vida de la gente. Hay familias incapaces de visitarse unos a otros, hay escasez de ciertos suministros en Gibraltar. La situación sigue siendo inaceptable", apuntó este viernes en un comunicado el Foreign Office.

En cuanto al resto de conclusiones de los observadores europeos, Londres pidió a Madrid que siga las recomendaciones de la Comisión en cuanto a garantizar que "la frontera entre Gibraltar y España funcione de forma eficiente", que espera lleven a mejorar la situación en la frontera.

"Junto con el Gobierno de Gibraltar, llevamos años diciendo que hay medidas sencillas que puede tomar España, como aumentar el número de vías y de recursos en la frontera para mejorar el funcionamiento fronterizo, y ese es el tipo de medidas que la Comisión aconseja a España que tome", apuntó Lidington.

El dictamen de la CE, muy claro en cuanto a la legalidad de los registros aplicados en la frontera por España, reclama una serie de medidas a ambos países para mejorar la situación dados "los fuertes volúmenes de tráfico en un espacio relativamente reducido" y "el aumento de la introducción de tabaco de contrabando en España".

El documento da a ambos países seis meses para responder a sus recomendaciones y señala que la CE podría "reservarse el derecho" de revisar la legalidad de la actuación de las actividades españolas y visitar de nuevo Gibraltar en caso necesario, algo aplaudido en Londres.

Según el secretario de Estado británico para Europa, ello es muestra de la "preocupación" de la Comisión.

El ministerio británico de Exteriores aseguró finalmente que espera debatir "las próximas medidas" con las autoridades de España y Gibraltar.

El Gobierno español, por su parte, ha calificado como "muy importante" que la CE haya instado a los gobiernos de España y Reino Unido a que "trabajen juntos en medidas contra el contrabando" para lograr "ponerle freno".

La tensión entre España y el Reino Unido a causa del Peñón empezó en julio cuando las autoridades de la colonia británica arrojaron decenas de bloques de hormigón en aguas donde pescaban los barcos españoles.

Poco después España empezó a aplicar controles en la frontera con Gibraltar, con el argumento de que es un territorio que no pertenece al espacio comunitario Schengen (que permite la libre circulación) y en el que se producen tráficos ilícitos, como el contrabando de tabaco.