20 de noviembre de 2013
20.11.2013
Ley de Transparencia

El Senado da luz verde a la ley de Transparencia

El PSOE ha mantenido su voto en contra por considerarla insuficiente, mientras el PP le reprocha "cobardía"

20.11.2013 | 21:38

El pleno del Senado ha aprobado este miércoles la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno con el mismo apoyo con el que llegó del Congreso: el del PP, CiU, PNV y parte del grupo mixto, ya que los socialistas ha mantenido su voto en contra por considerarla insuficiente.

La senadora del PP Elena Nevado ha sostenido que "no hay una sola razón" que justifique el voto de los socialistas; ha lamentado su "cobardía" y su "error" y les ha reprochado que den la "sensación de que hay algo o mucho que esconder, porque eso no es bueno para nadie".

"Se quedan fuera ustedes solos", les ha dicho y ha pronosticado que con esta ley pasará lo mismo que con el voto femenino: "la izquierda votará en contra y en unos años volverá a las Cortes y pedirá un aplauso cuando se celebre su aniversario".

El senador del PSOE Francesc Antich ha explicado que su grupo está "totalmente de acuerdo con que se aplique lo que hay en la ley", pero que no puede votar a favor porque no es "su ley", ya que la suya recogería más obligaciones de publicidad activa sobre contratos, campañas de publicidad, urbanismo y cargos públicos.

Antich ha señalado otras carencias del texto, como la aplicación del principio de independencia en el órgano que velará por su cumplimiento y el de rendición de cuentas en el buen gobierno.

"Más vale esta ley a que no haya ley", ha resumido, y por eso el grupo socialista se ha abstenido en las propuestas de veto de IU, ICV, ERC y Amaiur, pero ha votado con ellos en contra del proyecto de ley.

La misma posición que el PSOE ha mantenido el PSC en los dos debates sobre esta ley -el de los vetos y el de las enmiendas- que se han sucedido en esta Cámara durante más de cuatro horas.

De "insuficiente" y "francamente mejorable" ha calificado el texto Carlos Martí (PSC), que se ha mostrado convencido de que, si el Gobierno hubiera querido consenso, hubiera "buscado desde el principio una ley compartida".

La Ley de Transparencia, que ha salido adelante con 171 votos a favor (PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro) y 72 en contra (PSOE, Entesa, IU, ERC, Amaiur, ERC y EA) está considerada como una de las leyes más importantes de esta legislatura y, aunque la intención del PSOE al inicio de su tramitación era pactarla con el Gobierno, el caso Bárcenas le llevó a cambiar de posición.

En la sesión de este miércoles el nombre de Bárcenas no ha sido pronunciado y el debate ha estado marcado por las referencias a los dos años que cumple el Gobierno de Rajoy.

También, por el rifirrafe entre un senador del PP, Dámaso López, y otro del PSOE, Antonio Rodríguez Esquerdo, a raíz de que el primero acusara a éste de haber bebido, por reflexionar sobre la coincidencia entre el aniversario de las "falsedades" y "mentiras" de Rajoy y el de la muerte de Franco.

Las cuatro propuestas de veto han coincidido en que ésta debería ser una ley orgánica, en que el acceso a la información no debería tener más límites que los que marca la Constitución; en que debería eliminarse el silencio negativo de la Administración y en que el órgano de supervisión debería estar desvinculado del Gobierno.

José Manuel Mariscal (IU) ha incidido en que, a pesar de ser un proyecto de ley "muy publicitado", ha quedado en un "bluff".

También ha criticado que la norma prevea instituciones de "primera división", como la Casa del Rey, y se ha mostrado convencido de que con transparencia se acabarían los "cotilleos" que le afectan, del tipo de "con quién se ve y para qué el jefe del Estado, con quién se reúne, con qué objetivo y qué saca a cambio", o de que "huele mal" el trato a la infanta Cristina en el caso Nóos.

Para Jordi Guillot (ICV) esta ley supone una respuesta "tardía", "corta" y "limitada" a la crisis política española, por lo que ha abogado por leyes más "exigentes" y por un cambio en la cultura de los partidos.

Guillot, que ha arremetido contra la forma que tienen los populares de "afrontar sus escándalos", ha destacado el "disparate" de excluir de las obligaciones de buen gobierno a los cargos públicos de municipios de menos de 50.000 habitantes, teniendo en cuenta que "muchos" de ellos están o han estado "envueltos en escándalos de corrupción y blanqueo de capitales".

La senadora de ERC Ester Capella i Farré ha dicho que la ley marca tantos límites y excepciones que es una "ley de opacidad, no de transparencia", mientras que Alberto Unamunzaga (Amaiur) la ha comparado con un "cartel vacío de contenido", aunque ambos han admitido que el texto ha mejorado durante su tramitación en esta Cámara.

A favor ha intervenido el senador Jokin Bildarratz (PNV), que ha apostado por la capacidad de esta norma para "disuadir" a los políticos de ser opacos y, aunque ha reconocido que tiene "lagunas", ha subrayado los elementos positivos y ha confiado en que, cuando esté aprobada, tenga "suficiente flexibilidad para ir mejorando".

En nombre de CiU, María Rieradevall ha afirmado que se trata de un texto "francamente mejorable" y ha recordado reivindicaciones de su grupo que no han sido atendidas, como la publicación de las balanzas fiscales y la creación de un registro de lobbies, pero ha apoyado el proyecto con el argumento de que "merece la pena seguir" con él.

Tras más de un año de tramitación, la Ley de Transparencia vuelve ahora al Congreso, donde está previsto que se apruebe definitivamente antes de fin de año.

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