El juez Pablo Ruz ha preguntado a la Fiscalía en qué condiciones quiere que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre cumplimente por escrito la declaración que tiene que prestar como testigo para aclarar su papel en la contratación de la entidad Easy Concept, vinculada a la trama Gürtel.
En una providencia notificada este viernes, el juez de la Audiencia Nacional recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) no específica la manera en que, en casos como éste, deben tomarse las declaraciones por escrito, por lo que pregunta a las fiscales Anticorrupción si consideran necesario que se haga de una determinada forma.
En un caso similar, la toma de declaración como testigo y por escrito del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en el caso Nóos, el juez instructor, José Castro, impuso que lo hiciera en un despacho oficial de su elección, incomunicado del exterior y en presencia de la secretaria judicial.
No obstante, y pese a haberle citado para ello el pasado domingo, Camps no se presentó al no haber podido ser localizado, pese a que la policía judicial se personó varias veces en su casa y le llamó a un número de teléfono.
Esperanza Aguirre decidió acogerse a su derecho a prestar declaración por escrito, después de que el juez Ruz, tal y como pidió la acusación ejercida por el PSOE, decidiera que su testimonio era necesario para confirmar las manifestaciones que realizó ante distintos medios de comunicación sobre la prohibición que habría efectuado a Alberto López Viejo (ex consejero regional imputado en la causa) de contratar con Easy Concept.
La Fiscalía se opuso a esta citación, pero Ruz la creyó "útil e idónea", pese a que de las diligencias practicadas no resultara hasta ahora indicio alguno de participación o consentimiento por su parte "en la irregular operativa de contratación llevada a cabo por la Comunidad de Madrid".
Según sostiene Ruz, el exviceconsejero de Presidencia López Veijo habría recibido "cuantiosos pagos" del entorno de la trama liderada por el supuesto cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, "como consecuencia de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad Autónoma de Madrid".
La toma de declaración a Aguirre como testigo en esta causa se enmarca en el artículo 412.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que quienes hubiesen desempeñado, entre otros cargos, el de presidente de una Comunidad Autónoma estarán "exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo".
