El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que regula las condiciones de los internos en estas instalaciones policiales donde son retenidos antes de ser expulsados del país. Este documento es un imperativo de la Ley de Extranjería de 2009, que debería llevar en vigor, al menos, desde 2010.
Así tras pasar por el Consejo de Estado, el Gobierno ha dado luz verde a este texto que, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, "cubre un vacío legal" e incorpora las recomendaciones "esenciales" de este órgano consultivo. Asimismo, ha destacado el papel que otorga a las ONG "comprometidas" con la atención al colectivo de inmigrantes, a las que se permite el acceso a estos centros.
En abril de 2012 Interior dio a conocer un primer borrador y lo sometió a consulta de distintos ministerios, organizaciones sociales, grupos parlamentarios y organismos como la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y la Abogacía del Estado, que hicieron sus aportaciones. Fruto de esa 'ronda' se cerró el proyecto sobre el que esta semana el Consejo de Estado ha emitido su dictamen.
Este órgano ha realizado una serie de recomendaciones y una observación esencial, como es la de garantizar el derecho de los inmigrantes recluidos en estos centros a recibir la asistencia médica y sanitaria "necesaria". A su juicio, el borrador restringía este derecho que confiere la Ley de Extranjería.
El reglamento no modifica en lo esencial el modelo de funcionamiento de estos centros, aunque sí introduce algunas novedades, como que las fuerzas de policiales se limitarán a la custodia de las instalaciones y será personal especializado el que atienda a los internos, que se llamarán por su nombre y no con un número.
El director ya no tendrá la última palabra a la hora de trasladar a un interno al hospital, ni supervisar la presentación de quejas de los inmigrantes recluidos. Las ONG podrán acceder a las instalaciones, previa acreditación; y las comunicaciones con abogados y consulados no serán objeto de supervisión policial.
