El portavoz de José María Ruiz-Mateos, Ignacio Fernández Candela, ha hecho público un certificado médico que apunta a un empeoramiento de la salud del empresario, para justificar su ausencia ante la juez Alaya el pasado miércoles.
El certificado médico señala que Ruiz-Mateos tiene una mayor "dificultad para caminar" y que ha comenzado de nuevo a necesitar fisioterapia, así como que sufre un mayor "deterioro cognitivo" que provoca que aumenten "los olvidos", si bien el comunicado también hace referencia a su "independencia funcional".
Ruiz-Mateos estaba citado a declarar el pasado 12 de marzo en el Juzgado de Sevilla pero el empresario aseguró que no iba a comparecer y alegó una deficiencia de salud y dijo que no creía "en la Justicia ni en la honorabilidad de los jueces".
Confirmada su ausencia, la juez Alaya decidió no dictar de inmediato una orden de detención y esperar una posible comunicación o certificado médico enviado por burofax, según informaron fuentes del caso.
La juez había citado a declarar a Ruiz-Mateos porque, según sus hijos ya imputados -Zoilo, Javier y Pablo-, pagó medio millón de euros al "conseguidor" Juan Lanzas y ordenó incluir a dos trabajadores de otras empresas del grupo Rumasa en el ERE de su hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga).
La juez sostiene que los Ruiz-Mateos pagaron al "conseguidor" Lanzas 600.000 euros por cada uno de los cinco ERE del grupo en Andalucía, en billetes de 500 euros y en "dinero B", acusación que los imputados atribuyen a la "enemistad manifiesta" del autor de esas afirmaciones, el exabogado del grupo Joaquín Yvancos.
Por el contrario, Javier Ruiz-Mateos dijo en su declaración que Lanzas pudo cobrar medio millón de euros en pagos de 20.000 o 25.000 euros, que se hacían "cuando su padre lo ordenaba".
