Al Constitucional se le critica por falta de independencia.
No comparto ese criterio. El TC tiene una naturaleza propia, resuelve asuntos políticos, con un gran eco en la ciudadanía. sus magistrados, los de ahora y los de antes, son personas honestas, competentes, independientes y laboriosas. Tienen una formación, un criterio y hasta una concepción del Derecho, pero eso no implica que no actúen independientemente. No conozco a ningún magistrado mediatizado por un partido. No hay nada más perverso para las instituciones que esa dicotomía entre magistrados conservadores y progresistas.
¿Ocurre lo mismo en otros países?
En Estados Unidos no hay Constitucional, pero los miembros del Supremo los elige el presidente, con el visto bueno del Senado. En España, la elección es muy plural: ocho designados por las Cortes y el resto por el Gobierno y el Poder Judicial.
¿Deberían hacerse comparecencias?
Pero es que en España también las hay. Salvo los magistrados nombrados por el Gobierno, los demás se someten a un hearing. Además, hay una valoración interna de su solvencia académica.
El presidente del TC ha recibido grandes críticas por su relación con el PP.
Es una persona honesta, independiente y competente. No hay ningún precepto que impida que un magistrado pertenecer a un partido. En otros países, como los escandinavos o Alemania, los miembros de los constitucionales tienen filiación política, incluso han sido ministros. Pérez de los Cobos nunca ha sido político en activo, no ha sido ministro, ni secretario de Estado, ni director general. Que en un momento estuviese adscrito a un partido, ¿es un estigma para llegar al TC? Sinceramente, me parece que no. Los magistrados del Constitucional han tenido una vida profesional antes de llegar al tribunal.
Desde Cataluña y el País Vasco se trata de minar al Constitucional.
Sobre eso entenderá que no puedo hacer ningún tipo de opinión.
En su caso le intentaron recusar cuando se analizó la declaración de soberanía del Parlamento catalán.
Yo creo que la resolución es ejemplar en el contenido. Se dice que la soberanía reside en el pueblo español y que, en consecuencia, la soberanía es nacional, y autonomía no significa soberanía. Pero también se dice que la Constitución, a diferencia de otras, no tiene cláusulas de intangibilidad. Modestamente creo que contribuí a hallar un compromiso. Tuve conocimiento por los medios de ciertas intenciones de recusarme, pero eso no llegó al tribunal.
¿Sería necesario introducir cambios en la Constitución?
No puedo darle mi opinión, podría ser que algún aspecto de esa reforma tuviese que enjuiciarlo. La Constitución del 78 ha sido sin duda la mejor de la historia de España, ha funcionado razonablemente bien y tiene, como consecuencia del tiempo, las lógicas insuficiencias. Llegará un momento en que será objeto de reformas.¿Qué habrá que buscar? Lo que hacen los pueblos inteligentes, preservar todo lo bueno y acomodarlo a las nuevas necesidades. Y habrá que hacer la reforma de forma distendida, sosegada y buscando el máximo consenso.
¿Se puede frenar el reto independentista?
No debo entrar en la discusión de ese asunto porque es un tema que está encima de la mesa del tribunal. La cuestión del independentismo es un tema que se debe resolver desde la política y que desborda al tribunal. En el Constitucional no hacemos política. Tratamos de resolver cuestiones políticas con criterios jurídicos. Si me pregunta si podemos armar un modelo constitucional que dé satisfacción a todos, le digo que a mí me gustaría, pero eso no compete al Constitucional.
Está sobre la mesa el recurso contra la ley del aborto. En este punto, el Constitucional tiene una doctrina arraigada.
Me sucede lo mismo sobre este tema: ni puedo ni debo expresar mi criterio. Es verdad que el Constitucional dictó una sentencia anterior a la actual ley en la que trataba de buscar un equilibrio entre un bien jurídico susceptible de protección, el nasciturus o no nacido, y a la vez despenalizarla interrupción del embarazo en determinados supuestos.Se buscó una fórmula de compromiso. El Gobierno de Zapatero estableció luego una ley de plazos,cuyo recurso está sub iudice.
Son deliberaciones eternas, como la del Estatut.
Yo lo viví como espectador. Fue una sentencia que seguramente se dilató en el tiempo, quizá demasiado larga y con ciertas pretensiones de voluntarismo. Los magistrados se encontraron con un asunto muy polémico y con una circunstancia política muy cualificada, y es que cuando sometes una ley a referéndum, valorar luego su constitucionalidad es muy complicado.
¿Son los jueces la última baza del ciudadano en tiempos de crisis?
Son baluartes de los desechos y libertades, también los derechos sociales o económicos. En situaciones de crisis severas, las dimensiones y prestaciones del Estado social de derecho se ven afectadas y hay ciudadanos que consideran los órganos judiciales como la última trinchera. No digo que no sea así, pero las instituciones y la ciudadanía tendrán que replantearse qué Estado social queremos y qué podemos pagar. Lo que temo es que, al socaire de una defensa a ultranza de las conquistas del Estado social, al final nos quedemos sin él y se instale el capitalismo puro, sin que que de nada de ese Estado social. Me gusta el modelo europeo.
