Dos agentes de la Guardia Civil han abandonado la oficina que registran desde esta mañana en el marco de la operación Púnica custodiando a un hombre al que han ocultado su rostro de los medios de comunicación que esperan ante el portal del inmueble, situado junto a la plaza del Ayuntamiento.
La salida de esta persona custodiada por ambos agentes, cuya identidad se desconoce, se ha producido sobre las cinco y diez de la tarde, varias horas después de que haya comenzado el registro de la sede de Eico en Valencia, la firma de Alejandro de Pedro Llorca, supuestamente implicado en la operación iniciada hoy contra la corrupción en ayuntamientos y comunidades autónomas.
Numerosos medios de comunicación aguardan desde primera hora de la tarde ante el portal de la avenida del Marqués de Sotelo donde está radicada la sede de esa consultoría especializada en reputación.
De Pedro Llorca sería uno de los dos "conseguidores" de los que se servía la red, junto al constructor David Marjaliza, muy próximo al expresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y que también ha sido arrestado hoy.
Según su blog personal, es director general de EICO desde 2010, una consultoría de reputación, y "profesor de la UM", sin más especificaciones.
Ha desempeñado cargos de responsabilidad en Open Ideas, Grupo Demini, Libertas Consultores, Web to web, Tissat y Telecomunicaciones de Levante.
Entre 1996 y 2004 impartió cursos en centros homologados por la entonces Conselleria de Trabajo sobre redes locales, introducción a la multimedia, y Office avanzado.
De Pedro es uno de los dos "conseguidores" de los que se servía la red, junto al constructor David Marjaliza, muy próximo a Francisco Granados y que también ha sido arrestado hoy.
El exconsejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid y los alcaldes de las localidades madrileñas de Valdemoro, Collado Villalba, Parla, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos y Serranillos del Valle han sido detenidos.
En el desarrollo de esta investigación la Guardia Civil ha detenido a medio centenar de personas en Madrid, Valencia, Murcia y León -en esta provincia también el presidente de la Diputación Marcos Martínez-, acusados de cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios y de lograrse adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en tan sólo dos años.
Uno de los detenidos es Francisco Granados, quien fue 'número dos' de Esperanza Aguirre al ocupar los cargos de consejero de Presidencia, Justicia e Interior, y quien fue también alcalde de Valdemoro.
En esta localidad también ha sido detenido su actual regidor, José Carlos Boza, del PP.
Por su parte, han sido detenidos el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP); de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); de Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz (PP), y de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (Unión Demócrata Madrileña-UDMA).
También se ha procedido al registro del Ayuntamiento de Móstoles, sin que se sepa si se ha producido alguna detención.
Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama estaba "infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías" de las provincias citadas y lograba contratos públicos en "connivencia" de ediles municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos.
Según la Fiscalía, la trama se habría asegurado "el éxito de adjudicaciones públicas a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".
Además de los 51 detenidos, en la Operación Púnica se han llevado a cabo 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
También 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos, así como 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.
