14 de abril de 2015
14.04.2015
Caso de los ERE

Chaves: "En mis 19 años no hubo ninguna ilegalidad"

El expresidente andaluz ha declarado en el Supremo que si el fraude existió, obedeció a conductas individuales

16.04.2015 | 09:26
Chaves defiende que durante su legislatura no hubo ilegalidades
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Chaves: "En mis 19 años no hubo ninguna ilegalidad"

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha negado hoy ante el juez del caso ERE en el Supremo haber conocido o impulsado cualquier ilegalidad durante sus años de Gobierno y ha atribuido el posible fraude cometido con estas ayudas a "conductas individuales".

"En los 19 años en los que yo he sido presidente de la Junta de Andalucía nunca jamás se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna ilegalidad", ha señalado Chaves a la prensa a su salida del tribunal, donde ha declarado como imputado a petición propia.

El expresidente de la Junta de Andalucía ha llegado a las diez menos diez de esta mañana al Tribunal Supremo para declarar como imputado y voluntariamente en esta causa y ha comparecido ante el juez durante unas dos horas y media, después de lo cual ha leído y firmado su declaración.

Chaves ha resumido ante los medios de comunicación su comparecencia con tres ideas: por un lado, ha negado haber conocido, y por tanto impulsado cualquier ilegalidad en sus años de gobierno; por otra parte, ha defendido que las subvenciones al empleo identificadas con los ERE fueron positivas; y finalmente ha señalado que si el fraude con los ERE existió, obedeció a conductas individuales.

"Las ayudas sociolaborales recogidas en los presupuestos de la Junta de Andalucía eran ayudas que tuvieron un efecto positivo para los trabajadores y estaban basadas en los acuerdos de concertación firmados con los sindicatos y con las organizaciones empresariales y ayudaron en la lucha contra el paro, contra el desempleo", ha señalado a los medios.

Chaves ha dicho también que "si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos serán los jueces, la Justicia, los que determinen si las actuaciones individuales de esas personas provocaron fraude o no, si el fraude fue pequeño o fue grande. Eso lo tendrán que determinar los tribunales de justicia".

Durante su interrogatorio, el expresidente de la Junta de Andalucía y actual diputado socialista ha negado haber conocido el informe de la intervención de la Junta de Andalucía apuntando irregularidades en los ERE.

Chaves ha asegurado hoy ante el Tribunal Supremo que nunca conoció ni hubiera permitido ninguna irregularidad en el asunto de los ERE y ha subrayado que "en ningún momento" de su trayectoria pública ha tomado una decisión política "basada en la ilegalidad".

Contenido de la declaración

En la declaración que ha prestado hoy ante el magistrado instructor en el alto tribunal del caso de los ERE, a la que ha tenido acceso Efe, Chaves ha expresado su convicción de que "el presupuesto, las transferencias y las modificaciones" en las ayudas sociolaborales "eran legales, pero no podía conocer nada de la ejecución del presupuesto".

En su comparecencia judicial, que ha durado unas dos horas y media, el expresidente de la Junta de Andalucía ha negado haber conocido o impulsado cualquier ilegalidad durante sus 19 años de gobierno autonómico y ha atribuido cualquier eventual fraude a "actuaciones individuales".

Sobre las transferencias al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) de 2000 a 2001 sobre ayudas sociolaborales, Chaves ha asegurado que no conocía nada de esto hasta que, con posterioridad, tuvo que preparar su declaración en la comisión de investigación del Parlamento de andalucía.

 "Los convenios no pasaban por el Consejo de Gobierno de la Junta" y, por lo tanto, ni los "conoció ni podía conocer el procedimiento", ha dicho Chaves, quien ha explicado que en su Ejecutivo no discutía "partidas, sino capítulos y las necesidades de cada una de las Consejerías".

Según el expresidente andaluz, los presupuestos en el Consejo se aprobaban "con la convicción" de que cumplían "todos los requisitos legales y todas las normas".

Chaves ha asegurado que no conocía el procedimiento habitual para la concesión de una ayuda y que tenía unos 200 directores generales en la Junta, "por lo que partía de que el procedimiento a partir del cual se concedían las ayudas era completamente legal".

En este sentido, ha añadido que sabía sólo "los criterios generales" para la concesión de ayudas a las empresas que estaban en crisis o en procesos de reconversión para los trabajadores despedidos o prejubilados, y que además de no conocer "ninguna irregularidad en el sistema", él "no lo hubiera permitido".

"Nunca he tenido constancia de ninguna ilegalidad, ni siquiera de ninguna irregularidad", ha afirmado el que fuera presidente andaluz de 1990 a 2009, ministro de Trabajo previamente (1986-1990) y vicepresidente del Gobierno y ministro de Administraciones Públicas (2009-2011).

A lo largo de su comparecencia judicial, Chaves ha asegurado que los conflictos laborales que políticamente le preocupaban eran los de las grandes empresas, y que desconocía el importe de las ayudas que recibían otras, además de saber nada sobre comisiones a corredurías de seguros ni a sindicatos, ya que su relación era con sus secretarios generales.

En cualquier caso, ha añadido, no le parece "correcto que los sindicatos cobren comisiones por estos trámites", pero que desconoce que hubiera sido así.

También ha afirmado que ni el consejero de Trabajo ni el de Economía en ningún momento le informaron de que hubiera ilegalidad alguna en el procedimiento de ejecución de las ayudas. Y que lo que hacían los distintos directores generales no lo conocía a menos que le informara el correspondiente consejero.

En sus últimas palabras ante el instructor, ha asegurado que a lo largo de su larga trayectoria "ninguna decisión política que haya podido adoptar ha estado basada en la ilegalidad".

Resto de imputados

Además de Viera, Griñán y Chaves, en los próximos días comparecerán también ante Barreiro los exconsejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno, todos como imputados.

La ley permite que los diputados y senadores implicados en una causa penal se presten voluntariamente a ser interrogados como imputados para dar la oportunidad de que se despejen sospechas y no sea necesario pedir el suplicatorio contra ellos.

También puede suceder lo contrario y que el juez, después de su comparecencia, decida que sí corresponde pedir permiso a las Cortes para investigarles en relación con un determinado delito o delitos.

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