20 de abril de 2015
20.04.2015
Justicia

Anticorrupción asumirá la investigación del 'caso Rato'

La fiscal general del Estado ha resuelto que el proceso pase a éste órgano en lugar de la Fiscalía de Madrid

21.04.2015 | 13:10
Rato, a la salida de su domicilio el pasado sábado.

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha firmado hoy el decreto por el que la investigación iniciada en los juzgados de Madrid contra el exvicepresidente econonómico Rodrigo Rato debe ser asumida por la Fiscalía Anticorrupción, que considera que es un asunto que le corresponde por conexidad con hechos que ya investiga respecto al exmandatario.

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, solicitó la competencia sobre este asunto al entender que que le corresponde por conexidad con hechos que ya investiga respecto al exmandatario.

Fiscalía considera que la competencia es de Anticorrupción para seguir investigando el asunto sobre el que ya ha incoado diligencias previas el juzgado de Instrucción número 31 de Madrid -por delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales- siguiendo los criterios de una instrucción dictada en 2006.

Dicha instrucción -la 4/2006- concreta el ámbito de actuación de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, y en ella se ha basado Madrigal para cambiar al departamento que se ocupará de este asunto.

El hecho de que Madrigal haya tenido que analizar y resolver sobre esta petición da a entender que ambos departamentos, Madrid y Anticorrupción, se disputaban la causa.

Anticorrupción ya investiga a Rodrigo Rato en dos causas que se instruyen en la Audiencia Nacional, una por la salida a bolsa de Bankia y en una pieza separada de ésta por el uso de las denominadas 'tarjetas black' por parte de directivos de Caja Madrid y Bankia.

Fue precisamente en el curso de un interrogatorio por el asunto de las tarjetas cuando el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, encargado del caso, sorprendió al juez y a los abogados del resto de partes personadas preguntando al expresidente de Bankia por una transferencia de más de 6.199.308 euros que el banco de inversiones Lazard le realizó en el año 2011.

A resultas de su respuesta, el juez del caso Bankia, Fernando Andreu solicitó a Lazard toda la información que dispusiera sobre esta tranferencia y, además de otras diligencias, solicitó a la Agencia Tributaria si Rato declaró en el año 2012 el ingreso.

Según el testimonio del propio Rato, el citado dinero obedecía a los derechos sobre unas acciones adquiridos durante su etapa como director gerente de la entidad francoestadounidense.

En la Audiencia Nacional también se encuentra pendiente de resolución por parte de la Sala de lo Penal de los recursos interpuestos por la defensa de Rato contra la fianza de 800 millones de euros fijada por Andreu contra él, Bankia, su matriz el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y los antiguos miembros del Consejo de Administración Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella.

La entidad adelantó la totalidad de este dinero y ahora se plantea reclamar judicialmente a los cuatro exdirectivos el pago de los 133 millones de euros que le corresponden a cada uno.

La controversia en la Fiscalía podría llegar al Congreso de los Diputados, puesto que Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, comparezcan juntos ante la Comisión de Justicia del Congreso para que aclaren, en una especie de 'careo' parlamentario, si el Ministerio de Hacienda "puenteó" a la Fiscalía Anticorrupción con su decisión de judicializar la investigación fiscal sobre el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a través de la Fiscalía Provincial de Madrid y no de Anticorrupción.

En concreto, según la solicitud registrada por la formación magenta, recogida por Europa Press, reclaman la presencia de Montoro y Madrigal para que expliquen "cuál fue la coordinación de los agentes de Aduanas, dependientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y las fiscalías del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción en los registros relativos a Rodrigo Rato, en caso de que haya existido dicha coordinación".

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