El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha propuesto la creación de la figura de un fiscal coordinador especializado en los casos de bebés robados tras constatar que es necesario trabajar "con más intensidad" para resolver estas desapariciones.
En declaraciones a los medios en el Senado, Catalá ha adelantado que el grupo popular en la cámara alta ha registrado una enmienda transaccional en respuesta a una moción del PSOE en la que, además de esta propuesta, se incluye la puesta en marcha de una mesa permanente de trabajo conjunta en la que participen los Ministerios de Justicia e Interior, el Ministerio Público y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "El objetivo es fortalecer la colaboración entre todas las instituciones", ha dicho.
La propuesta incluye también la creación de una subcomisión en el Senado en la que se dará seguimiento y apoyo institucional a los afectados. El ministro ha adelantado, además, que se estudiarán reformas legales para evitar que la Ley de Protección de Datos impida el acceso a información vital para el esclarecer estas desapariciones.
Según el texto de la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, el grupo popular plantea la firma de convenios de colaboración con instituciones y "personas físicas y jurídicas implicadas" para que cooperen en la materia y faciliten el intercambio de información y la realización de actuaciones.
Pruebas de maternidad
Los populares proponen también "impulsar las medidas legales y reglamentarias precisas para evitar que este tipo de situaciones puedan producirse en el futuro", garantizando la seguridad en la identificación de los recién nacidos y el establecimiento sin dudas de la filiación materna.
Para ello, la transaccional refleja que se realizarán "las pruebas médicas, biométricas y analíticas necesarias" y se reforzarán los controles en caso de fallecimiento de los nacidos en centros sanitarios tras los primeros seis meses de gestación.
Justicia ofrece impulsar la Oficina de Atención de los afectados, creada hace dos años, y crear un servicio de atención jurídica, de apoyo psicológico y de información y mejorar el seguimiento de las diligencias judiciales abiertas por casos de posible sustracción.
El Gobierno responde así a las peticiones formuladas por las asociaciones de víctimas, con las que el ministro se reunió hace unas semanas, y a la reivindicación planteada por el grupo socialista de la cámara alta en una moción consecuencia de interpelación que se verá este miércoles en el Pleno.
Los socialistas reclaman una unidad policial especializada en la resolución de los más de 300.000 bebés desaparecidos entre los años 1940 y 1990 y que el robo de niños sea reconocido como un problema y un asunto de Estado. También exigen otras medidas que garanticen la apertura de los archivos de instituciones como la iglesia, la exhumación de los cuerpos de los menores y la creación de una comisión nacional de desaparecidos.
