La Policía Local de Vitoria ha multado con 200 euros a un ciudadano por increpar al exalcalde de Vitoria y actual vicesecretario del PP, Javier Maroto, el pasado marzo durante una recogida de firmas para modificar la legislación y endurecer el acceso a las ayudas sociales.

Fuentes del consistorio han confirmado esta sanción, impuesta debido a que este ciudadano llamó en voz alta "sinvergüenza" a Maroto y le acusó de no tener "vergüenza" al pedir firmas a pesar de que él estaba siendo investigado por el Tribunal de Cuentas del Estado por unos alquileres municipales.

El origen de este altercado fue la campaña "Ayudas+Justas" que, con el apoyo expreso de Javier Maroto y del PP vasco, se puso en marcha para recabar al menos 30.000 firmas con el objeto de presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento Vasco para cambiar la legislación y endurecer el acceso a las ayudas sociales.

El suceso se produjo el 7 de marzo durante la campaña de recogida de firmas en un centro comercial de Vitoria, cuando Maroto aún era alcalde de la capital alavesa.

La policía considera que se alteró la "seguridad colectiva" y por ello impone una multa de 200 euros por desórdenes a pesar de que el multado alegó que el incidente no duró más de un minuto y que llamó sinvergüenza a Maroto en el "contexto de una crítica al alcalde" por recoger firmas para su "beneficio" político al ser una iniciativa que podía presentar como parlamentario, según explica la Cadena Ser, que ha tenido acceso al informe policial.

Desde el consistorio vitoriano, ahora gobernado por el PNV, las fuentes consultadas por Efe han indicado que el afectado puede recurrir la multa por la vía contencioso administrativa.

Este no es el único altercado que se produjo durante la recogida de firmas en la que se involucró activamente Maroto. Otro ciudadano presentó una denuncia ante la Fiscalía del País Vasco contra el exalcalde al que acusó de haberle amenazado con una multa de 350 euros después de que él le dijera que la campaña que estaba llevando a cabo inducía al racismo.

En este caso la denuncia fue archivada por el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que subrayó que existían dos versiones contradictorias sobre los hechos, por lo que no se podían dar por probadas las palabras que, según el denunciante, le dijo el entonces alcalde, aunque el fiscal consideró "llamativo" el incidente que motivó la misma.