El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha advertido a las comunidades autónomas que han devuelto la atención sanitaria a todos los inmigrantes en situación irregular que las normas impulsadas para ello podrían conllevar multas millonarias a diario por parte de la Unión Europea y la paralización de todos los fondos comunitarios.
"Si no se hace bien, las consecuencias pueden ser catastróficas", ha advertido el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, durante su comparecencia en el Congreso para detallar la partida de su departamento en los Presupuestos Generales del Estado para 2016.
Tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, los nuevos gobiernos de Aragón, Comunitat Valenciana, Baleares y Cantabria han anunciado diferentes regulaciones para devolver a este colectivo el derecho a la tarjeta sanitaria que habían perdido en 2012 tras la reforma impulsada por la entonces ministra del ramo Ana Mato.
El 'número dos' del departamento de Alonso ha asegurado que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y como hacen con toda la normativa autonómica, está estudiando las normas impulsadas en cada comunidad para valorar si invade competencias estatales o vulnera la Constitución y, en ese caso, "el Estado tendría que actuar".
Sin embargo, ha añadido Moreno, el "problema más grave" es que esas normas abren la puerta a reconocer el derecho de ser atendidos por la misma vía a todos los pacientes europeos "en lugar de buscarse sus seguros o tarjetas de sus países de origen", algo a lo que las comunidades no podrían negarse ya que "tendría consecuencias como país".
De hecho, España ya estuvo a punto de ser condenada en 2011 como consecuencia de un dictamen motivado de la Comisión Europea por este mismo motivo que, según ha explicado Moreno, precisamente fue uno de los motivos que propició la reforma sanitaria un año más tarde.
"Y si fuéramos condenados como estuvimos a punto de serlo, supondrá una multa millonaria por cada día que pasa de incumplimiento, se paralizan todos los fondos europeos que recibe a España, y se debe asumir la tesis de que cualquier ciudadano europeo que venga, tenga o no seguro, se le tiene que dar tarjeta sanitaria", ha avisado.
El problema, según el secretario general de Sanidad, es que en las comunidades "hay consejeros de ahora que no lo saben" y por ello les ha ofrecido asesoramiento "en todo lo que necesiten" para evitar esta situación.
De hecho, Moreno ha recordado que el Ministerio ya había negociado con los anteriores gobiernos autonómicos un sistema para ofrecer una asistencia sanitaria más completa a los inmigrantes irregulares (ahora solo pueden ser atendidos en Urgencias, durante el embarazo y en edad pediátrica) a través de un documento con un código específico (no una tarjeta) que les permitiera recibir Atención Primaria y, si fuera necesario, ser derivados al especialista.
Para ello, Sanidad establecía como condición un periodo mínimo de empadronamiento de un año y la imposibilidad de exportar ese derecho a la atención sanitaria más allá de la comunidad de residencia. Moreno ha asegurado que este sistema se debatirá en el próximo Consejo Interterritorial del SNS.
