El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha denunciado hoy un "montaje" contra CDC por el registro de la sede de la formación nacionalista, mientras la oposición le ha acusado de tapar las presuntas comisiones del 3 % que se atribuyen a su partido.

Más de cinco horas se ha prolongado la comparecencia de Mas en la Diputación Permanente del Parlament para hablar sobre los motivos de la convocatoria de las elecciones del 27S y dar explicaciones por los registros a las sedes de CDC y de su fundación CatDem por el supuesto pago de comisiones por parte de la constructora Teyco.

En su intervención inicial, Artur Mas ha insinuado que el Ministerio del Interior -del que ha dicho "que en los últimos tiempos no se caracteriza por su actuación ejemplar ni sus buenas prácticas"- podría estar detrás del registro, a un mes de los comicios catalanes, y ha sentenciado: "A estas alturas de la película, yo ya no creo en según qué casualidades".

Tras señalar que la operación fue promovida "por la Fiscalía y la Guardia Civil", ha dicho que hubo algunos periodistas que "avisaron a dirigentes de CDC de lo que sucedería" al día siguiente -"os montarán un pollo"-, en alusión a los registros.

Mas ha argumentado que España se va pareciendo al "far west", con procesos "inquisitoriales" en los que se obliga al acusado a probar su "inocencia" y con casos en los que se "persigue políticamente a gente" y se urden "montajes". "Y me juego lo que quieran a que antes del 27S habrá nuevos montajes", ha añadido.

La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Rovira, ha criticado que el Gobierno del PP "utilice" presuntos casos de corrupción para "ir en contra de la independencia" y le ha retado a "investigar y removerlo todo", mientras que a Mas le ha preguntado si tenía conocimiento de esas presuntas comisiones a CDC, lo que él luego ha negado.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha instado a Mas a asumir "responsabilidades" políticas "en primera persona" si se demostraran esas irregularidades y le ha acusado de usar la Generalitat como "moneda de cambio" para el 27S.

"Una acusación extremadamente grave"

Por parte del PP, Santi Rodríguez ha retado a Mas a denunciar en los tribunales las supuestas filtraciones sobre el registro en la sede de CDC, "si tiene pruebas" y, si carece de ellas, le ha pedido que rectifique, porque es, ha dicho, una "acusación extremadamente grave".

Desde ICV-EUiA, Joan Herrera ha acusado a Mas de "connivencia" con la corrupción y ha afirmado que la "casualidad es que nunca sepa nada" de los casos que afectan a CDC.

Albert Rivera, de Ciudadanos, ha descartado que sea "casual" que haya hasta seis procesos judiciales abiertos que afectan a CDC y ha avisado a Mas de que su "enemigo" de cara al 27S es "la verdad".

En nombre de CDC, Jordi Turull ha pedido "tolerancia cero y sin excusas" contra la corrupción y la "guerra sucia": "Nosotros hemos propuesto urnas y papeletas y el Estado nos ha respondido con querellas y tricornios".

La comparecencia de hoy en el Parlament la solicitó en agosto Mas para explicar los motivos del anticipo electoral, pero los registros del pasado viernes y la presión de la oposición forzaron que el debate se ampliara a las presuntas comisiones ilegales a CDC.

El debate sobre la corrupción ha eclipsado los mensajes sobre el 27S, unas elecciones que Mas ha justificado como último recurso para permitir a los catalanes pronunciarse sobre la independencia, ante el "muro granítico" de un Estado que se niega a "dialogar".

Mas ha revelado que mantuvo varias reuniones discretas de "cinco y seis horas seguidas" con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para abordar el pacto fiscal, pero que el acuerdo no fue posible, y ha vaticinado que Andalucía conseguirá vetar cualquier reforma en financiación que reduzca el déficit fiscal de Cataluña.

Sobre el día después del 27S, el diputado de Unió Roger Montañola ha advertido de la "inestabilidad" que se avecina y ha rechazado las vías "épicas" y unilaterales hacia la independencia; Mas le ha replicado que es "ingenuo" defender la tercera vía cuando el Estado trata a los catalanes "como súbditos, no como ciudadanos".