Como era de esperar, Rosario Porto y Alfonso Basterra no se encontraron ayer, durante la primera jornada de la vista por el juicio de Asunta tras la constitución del jurado, con ninguna sorpresa. Las acusaciones se mantuvieron fieles a sus escritos de calificación y sostienen que ambos se pusieron "de acuerdo" en un "plan" para "deshacerse" de la niña, que "les estorbaba", al tiempo que defendieron que no se mostraron especialmente colaboradores con el desarrollo de la investigación. Con esa primera toma de contacto, la vista llega hoy a una de sus jornadas más esperadas, ya que al menos uno de los dos acusados declarará, aunque compete al presidente del jurado (el juez Jorge Cid) decidir quién.
El letrado de la Asociación Campoamor, Ricardo Pérez, fue el más explícito en su crítica a los acusados al asegurar que "hubo de todo menos colaboración, una total obstrucción", que "no ayudaron a reconstruir los hechos" y que "llegaron a ocultar elementos de pruebas fundamentales para la investigación". Pero también el fiscal que se encarga del caso, Jorge Fernández de Aránguiz, desgranó cómo a los investigadores les "costó encontrar" el ordenador portátil de Alfonso Basterra, que consideró "relevante", cómo no podía facilitar a los miembros del jurado una prueba sobre el estado mental de Rosario Porto pero no así de su exmarido porque este "se negó" a realizarla o cómo la madre de la víctima no se refirió en un primer momento al hecho de haber viajado con ella hasta su casa en Teo, y cómo solo "cambió de versión" cuando "supo" que las cámaras la habían grabado.
El escrito del fiscal, al que se remitió, se refiere también a cómo los acusados se presentaron en comisaría para denunciar la desaparición de su hija "con la intención de dar a entender que se había tratado de un secuestro" o cómo Rosario Porto, cabizbaja durante toda la sesión, se dirigió rápidamente, durante el registro de su casa familiar, a un dormitorio de la planta superior "en la que ella sabía que había efectos relevantes para la investigación".
En una maratoniana jornada -prácticamente seis horas, con un par de recesos por el medio-, ambas acusaciones destacaron cómo los dos acusados se confabularon para "deshacerse" de la niña. El fiscal explicó al jurado cómo su escrito recoge varias veces las alusiones "puestos de acuerdo", "de común acuerdo", porque esa es la "versión" que defiende: en esencia, que el crimen de Asunta, cuyo cuerpo apareció en una pista forestal la madrugada del 22 de septiembre, "fue cosa de los dos". Como él mismo indicó, la postura de la acusación popular es "muy semejante", ya que también sostiene la existencia "un plan" entre ambos para acabar con la vida de la niña que "incluía un reparto de papeles" para su ejecución.
El fiscal, que se esmeró en ser especialmente didáctico y recurrir continuamente a ejemplos para explicar al jurado lo que verán en el proceso, recordó al tribunal que "la niña murió de que la asfixiaron" el 21 de septiembre de 2013. Fernández de Aránguiz incidió en que el caso, no obstante, es "más complejo" que lo que sucedió el día 21, cuando la autopsia dice que falleció la menor, y que hay que indagar en el antes y el después. En ese sentido, se refirió a que constaba medicamento en el cuerpo de la niña. "Necesitamos conocer la versión de los acusados respecto a lo que hace ese medicamento en el cuerpo de la niña", pero no solo ese día, sino "de todos los episodios anteriores", porque considera que es un aspecto "clave" y en torno a él "va a girar buena parte del juicio".
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En relación a ese medicamento, Orfidal, cuyo prospecto leyeron desde la acusación popular, el fiscal subrayó que dejaba a la menor "adormecida". "Eso es muy relevante", indicó, "a la hora de decir qué delito tenemos en juego". Porque en su escrito el fiscal destaca que la niña "no pudo defenderse de modo efectivo" precisamente por hallarse bajo el efecto del fármaco "que con ese fin le habían suministrado". "Hay circunstancias que hacen que el homicidio sea asesinato", explicó.
"Hoy en día", destacó Fernández de Aránguiz, "un hecho cometido con los ingredientes que tiene este caso tendría una pena de prisión permanente revisable". No obstante, reconoció que en este caso hay que aplicar a ley que estaba vigente en el momento en que sucedieron los hechos. Por otra parte, avanzó que pedirá el testimonio de la funcionaria que atendió a los padres cuando fueron a solicitar que su hija fuera incinerada.
En relación al argumento esgrimido por la acusación, que la niña "les estorbaba", se pronunció específicamente el abogado de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren, quien señaló que, tras el supuesto móvil económico que se manejó al principio y se desmontó al ser su patrocinada la heredera de los bienes de sus padres, "se cambió de versión" y esta "última" es "la más peregrina". "Les estorbaba porque se separaban", dijo, "es algo que no se sostiene". "Rosario adoptó una niña y la cuidó y mimó y educó y le potenció sus habilidades", señaló, y "con haber cedido la custodia a Basterra lo tendría todo listo", o con haberla "mandado a un internado".
