El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado este viernes una reforma de su Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y de las condiciones de los contratos de alquiler social de la entidad que implicará, entre otras medidas, que no podrá vender sus pisos.
La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha anunciado este viernes los cambios estatutarios y de reglamento, que el consejo de administración de la EMVS aprobará la próxima semana para devolver el "carácter social" a la entidad y dar prioridad a los colectivos vulnerables.
Entre las principales medidas está la eliminación de la posibilidad de venta o arrendamiento con opción a compra de los inmuebles, para que estas viviendas sean "de paso" siempre que sus ocupantes no puedan acceder a otro régimen de alquiler.
Los nuevos contratos establecerán una nueva duración y cláusulas como que el coste del alquiler nunca podrá superar el 30% de los ingresos de los inquilinos.
Además, la EMVS pondrá en marcha un nuevo programa para dar atención prioritaria a colectivos en situación de vulnerabilidad.
La reforma de los estatutos de la EMVS fomentará el parque de alquiler social, que por ahora no puede incrementarse hasta que no se realicen los cambios, ha advertido Higueras.
El nuevo reglamento de adjudicación y condiciones contractuales establecerá, según ha apuntado la consejera delegada de la EMVS, contratos de tres años, que se prorrogarán por dos.
Eliminar el veto a 'okupas'
Una de las novedades es que el reglamento elimina el veto a los 'okupas', las personas que hayan ocupado un piso de la EMVS estando vacío, aunque con "salvedades", ha recalcado Higueras.
Para ello, los ocupantes deberán haber ocupado el inmueble durante dos años antes de la entrada en vigor del reglamento.
Las familias en situación de vulnerabilidad que lleven ese tiempo ocupando el piso pero no puedan acreditar que acumulan dos años en esa situación se estudiarán "caso por caso".
Sobre la venta de pisos a fondos de inversión realizada por la anterior corporación, la delegada de Equidad ha indicado que el consistorio está revisando el expediente "con mucho detenimiento" para decidir si toma alguna decisión.
No obstante, ha advertido de que una demanda en este caso, si no prosperase, podría generar una gasto "solo en costas" de alrededor de 30 millones de euros.
