09 de enero de 2016
09.01.2016
Tribunales

Urdangarin y Torres llegan a un pacto con el fiscal que no se desvelará hasta febrero

Los pormenores del acuerdo no se darán a conocer hasta que se decida el futuro de la infanta en el juicio del caso Nóos

09.01.2016 | 01:32

El exsocio insiste en que la Casa Real supervisaba todo

  • El exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres, ha defendido que tanto él como el marido de la infanta Cristina no delinquieron en sus contrataciones con las administraciones públicas: «Hemos actuado de buena fe siempre». En una entrevista concedida al programa «El Objetivo», de la Sexta, que ayer adelantó parcialmente la cadena de televisión, Torres insiste en su argumento de que la Casa Real supervisaba toda la actividad del Instituto Nóos.
    «¿Hay algo incorrecto en el comportamiento de la Casa Real, del jefe de la Casa, de Carlos García Revenga (secretario de las infantas)? No, siempre sostendré que no, que han actuado bien», explica en un fragmento de la conversación que se emitirá mañana. «Ellos estaban revisando lo que nosotros hacíamos, decían ´pues está muy bien hecho´, ´pues me parece estupendo´, ´pues adelante´, y nos guiaban», resalta.
    Asimismo, añade que Urdangarin es «tan inocente» como él

Los dos principales acusados del caso Nóos, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, han llegado prácticamente a un pacto definitivo con la Fiscalía Anticorrupción, pero que no desvelarán ni harán público de momento. Esperarán varias semanas para escenificar este acuerdo, al menos hasta febrero, es decir, hasta que se conozca el futuro procesal de la infanta Cristina y se sepa si la hermana del rey permanece sentada en el banquillo, o definitivamente será apartada del proceso penal cuya vista oral arranca el próximo lunes en Palma.

Hace ya muchos meses que se había iniciado la negociación entre los imputados y la acusación, pero en las últimas semanas, a medida de que se ha ido acercando la fecha del juicio, se ha ido intensificando. Las negociaciones se han caracterizado por la máxima discreción. El acuerdo, que se extiende a la mayoría de los principales acusados, supone que los acusados van a confesar la mayor parte de los delitos que sostiene Anticorrupción, devolver el dinero que puedan entregar y alguno de ellos, como es el caso del cuñado del rey o de su antiguo socio, tendrán que ingresar en la cárcel. Está previsto que este pacto se escenifique durante el inicio del juicio, previsto para el próximo mes de febrero, ya que la vista del lunes únicamente se centrará en plantear las cuestiones previas, es decir, los aspectos técnicos del proceso.

Cambio de estrategia
Este acuerdo supone un cambio radical en la estrategia de defensa de los principales acusados, no así del resto que desde el principio se han mostrado dispuestos a confesar las irregularidades. La fiscalía está ofreciendo una condena de dos años de cárcel, que no suponga el ingreso en prisión, a los antiguos exdirectores generales del Govern balear que gestionaron la contratación del exduque de Palma. Varios de los abogados continuaban ayer negociando con fiscalía, intentando reducir aún más esta condena, pero se da por seguro que antes del mes de febrero el acuerdo estará cerrado.

No es necesario que el pacto definitivo quede rubricado el lunes, en el inicio teórico del juicio. Ese día será una jornada técnica, en la que no se entrerá en el fondo del asunto y ninguno de los acusados tendrá que contestar a las preguntas que les formulen. La parte importante del proceso se inicia a partir del día 9 de febrero, cuando está previsto que se inicien los interrogatorios de los acusados. Por ello hay interés por ambas partes para que este acuerdo quede cerrado antes de esta fecha, si bien existe prácticamente un mes de margen para acordar los últimos flecos y será cuando definitivamente se conozcan las penas que tendrán que asumir los acusados.

Acortar el juicio
El que haya un acuerdo entre Anticorrupción y la mayoría de los acusados no supone que el juicio no vaya a celebrarse, pero con toda seguridad será más corto de lo esperado. Los interrogatorios de los fiscales Pedro Horrach y Ana Lamas serán más breves, ya que se limitarán a que los acusados reconozcan los delitos que asumirán.

Siempre existe la posibilidad de que el pacto se rompa en este mes de plazo que se han dado las partes, pero fuentes próximas al caso han insistido en el gran interés que han mostrado los imputados en que se cierre, ya que no quieren correr el peligro de que el tribunal dicte una dura sentencia, dado que se trata de un caso de corrupción. De hecho, la Audiencia de Palma se ha mostrado especialmente severa cuando ha tenido que juzgar casos de corrupción, en los que se ha malversado dinero público, como sería el proceso Nóos.

El acuerdo no ha sido fácil. Ha sido complicado convencer, sobre todo a Urdangarin, de que debe asumir que cometió varios delitos al frente del instituto Nóos. El marido de la infanta Cristina pretendía demostrar su inocencia y cargar toda la culpa contra su antiguo socio. Sin embargo, sus abogados le han advertido que será difícil conseguir una sentencia absolutario. Existen demasiados documentos que le implican y varios de los acusados están dispuestos a declarar en su contra, lo que dificulta el trabajo de la defensa. Por ello, le han aconsejado llegar a un acuerdo.

La que no ha querido entrar en ningún proceso de negociación ha sido la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, que es la única acusación que pretende la condena de la infanta Cristina por delito fiscal.

Pacto con Matas
Quien si dio ayer un paso adelante para llegar a un acuerdo con el fiscal Anticorrupción antes del inicio del caso Nóos, en el que se enfrenta a una condena de once años de cárcel, fue el expresidente balear Jaume Matas. Y como muestra del interés que tiene en alcanzar este pacto, el también exministro del PP presentó ayer un escrito en el que pone a disposición del tribunal que va a juzgar el caso la mitad indivisa del palacete de la calle San Felio, en Palma, su principal activo patrimonial.

Con este movimiento procesal de Matas es evidente que está dispuesto a confesar las irregularidades en el proceso de contratación del instituto Nóos, que acordó tras las reuniones personales que mantuvo con el entonces yerno del rey. Pero, sobre todo, quiere evitar una condena de once años de prisión, por lo que su abogado está negociando un acuerdo previo con la Fiscalía. Un pacto que supondría confesarse culpable y entregar bienes patrimoniales para suavizar el perjuicio a las arcas públicas, pero que en ningún caso suponga una condena tan elevada como la que reclama en estos momentos la fiscalía Anticorrupción y el propio Govern balear como acusación particular.

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