10 de enero de 2016
10.01.2016
Caso Nóos

Grau se enfrenta a 11 años de cárcel y al pago de 1 millón en indemnizaciones

El exvicealcalde es juzgado por 4 delitos cometidos presuntamente cuando presidió Turismo Valencia

10.01.2016 | 04:42
Grau se enfrenta a 11 años de cárcel y al pago de 1 millón en indemnizaciones

El Partido Socialista, que ejerce la acusación particular en el caso Nóos, pedirá para el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, 11 años de prisión y más de 1 millón de euros entre devoluciones e indemnizaciones, según ha explicado a este periódico el letrado mallorquín Eduard Vila, que asume para el juicio que comienza el lunes en Palma de Mallorca el papel de letrado de la acusación en sustitución de la concejala socialista Sandra Gómez.

En cuanto a la celebración del juicio, Vila explicó que Grau tendrá que permanecer en la sala al menos las dos o tres semanas que dure la presentación de las acusaciones y el día que le toque declarar, cuya fecha exacta se desconoce por el momento.

No cree que en las dos primeras jornadas, dedicadas a cuestiones previas, la defensa de Grau pida su exculpación directa en aplicación de la «doctrina Botín», pues asegura que son casos diferentes sobre los que ya se ha pronunciado la propia Audiencia de Palma. No obstante, el letrado aseguró que se preparan para cualquier sorpresa, incluida ésta.

Y por lo que se refiere a la acusación en sí misma, la situación apenas ha variado, aunque ya con la responsabilidad civil definida. Según Vila, se imputan a Grau, en calidad de presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, cuatro delitos diferentes por la contratación, junto con la Generalitat Valenciana, de las tres ediciones de la Valencia Summit con el Instituto Nóos, que dirigía Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres. Exactamente, se pagaron 1.044.000 euros por cada una de estas ediciones (2004, 2005 y 2006) y otros 382.000 euros por la organización de los Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Serían delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y fraude, que totalizan 11 años de cárcel. Y la misma pena, por los mismos delitos, se solicitará para Iñaki Urdangarín y Diego Torres. La acusación particular reclamará, además, una indemnización de medio millón de euros de cada uno y una responsabilidad civil superior a los 1,5 millones de euros a cubrir entre los tres. «Todo el dinero sería para la fundación, no para la acusación, es decir, para todos los valencianos, que son los perjudicados en este caso», dijo el letrado Eduard Vila, que aseguró que desde el cierre del sumario hasta la apertura del juicio oral se han producido algunos hechos que han reforzado su línea argumental.

El despido de Salinas, clave
Concretamente, Vila habló del despido de José Salinas como director gerente de Turismo Valencia Convention Bureau. El propio Salinas valoró la indemnización en función del carácter público de la fundación, que es el eje de la acusación. Y es que mientras que la defensa de Alfonso Grau arguye que se trata de una fundación privada no sometida a las exigencias de la Ley de Contratos del Estado en cuanto a publicidad y libre concurrencia, la acusación ejercida por el Partido Socialista entiende que se trata de una fundación financiada mayoritariamente con fondos públicos que debe someterse, tal como establece la ley desde 2005, a las normas de contratación pública. «No se puede dar un millón de euros a nadie sin pedir una simple factura», aseguró Vila.

Así mismo, ha habido pronunciamientos de entes oficiales que abundan en esta idea asegurando que la fundación había sido «regada» con dinero público durante los años en que se celebró la Valencia Summit y sucesivos.

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