10 de enero de 2016
10.01.2016
Caso Nóos

La infanta y el pícaro, a juicio

Resumir los setenta mil folios del caso Nóos no es tarea fácil, pero si algún nombre se le podía dar a esta historia ese sería la infanta y el pícaro de su marido

10.01.2016 | 03:05
La infanta y el pícaro, a juicio

Resumir los setenta mil folios del caso Nóos no es tarea fácil, pero si algún nombre se le podía dar a esta historia, que mañana empieza a ser juzgada en Palma, ese sería la infanta y el pícaro de su marido, Iñaki Urdangarin, un excelente conseguidor de fondos públicos: más de 6 millones de euros, según el fiscal.

­Nadie daba un céntimo porque la infanta Cristina pasara de la condición de imputada a acusada en el caso Nóos y aquí estamos, en la víspera de un juicio que ha suscitado la atención mundial y donde la hermana del rey Felipe VI es, bien a su pesar, la principal protagonista. Procesalmente hablando, el papel de la exduquesa de Palma es tangencial: se le acusa de favorecer, mediante una sociedad a medias con su esposo, Aizoon, que éste pudiera defraudar a Hacienda más de 300.000 euros. Lo llamativo del caso es que ni la propia Agencia Tributaria ni la Fiscalía Anticorrupción piensan que la infanta cometió ese delito, aunque sí la responsabilizan de beneficiarse económicamente con el dinero defraudado por su marido, lo que técnicamente se conoce como responsable civil a título de partícipe lucrativo.

Urdangarin y su exsocio y amigo Diego Torres son las estrellas del caso, por, supuestamente, aprovecharse de la pertenencia del primero a la Familia Real para desviar a sus bolsillos varios millones de euros de fondos públicos, con la excusa de loar las sinergias del deporte y el turismo y las bondades del mecenazgo y el patrocinio. Suena rancio, pero les funcionó muy bien.

La «doctrina Botín»
Los abogados de doña Cristina, que hasta hoy han perdido todas las batallas procesales, confían en que la denominada doctrina Botín sea el salvavidas de su clienta, que únicamente pasaría un día de tormento en el atípico banquillo de la Escuela Balear de Administraciones Públicas. La decisión sobre si la hija del rey Juan Carlos debe seguir en el juicio o es exculpada depende de las tres magistradas que integran el tribunal de la Audiencia de Palma.

Cristina de Borbón no estaría pasando esta pesadilla de no existir Manos Limpias, un sindicato de funcionarios sin afiliados y que desde hace años ejerce de ariete procesal contra la corrupción en España, caiga quien caiga. La abogada de la acusación popular, Virginia López Negrete, está en franca minoría para defender la no aplicación de la doctrina Botín en favor de la Infanta y también deberá esforzarse a fondo para demostrar la culpabilidad de doña Cristina. El fiscal Pedro Horrach y la abogada del Estado María Dolores Ripoll no se recatarán mañana en defender que la exduquesa de Palma no debe estar entre los acusados.

Seis millones de euros
Con independencia de la presencia de la infanta Cristina en el banquillo de los acusados, el caso Nóos versa sobre el presunto desvío, por parte de Urdangarin y Torres, de más de seis millones de euros de fondos públicos entre 2003 y 2010. El cuñado del rey Felipe VI se habría valido de su condición de miembro de la Familia Real para conseguir que los políticos que gobernaban las instituciones financiasen sin ningún tipo de reparo, ni concurso público, sus proyectos y se olvidasen de controlar el destino de ese dinero.

Los relatos de Anticorrupción y de Manos Limpias ocupan centenares de folios, pero los hechos presuntamente delictivos se agrupan en torno a cuatro administraciones públicas: el Govern balear, la Generalitat Valenciana, y los ayuntamientos de Valencia y de Madrid. También existe un fleco de esas grandes y presuntas malversaciones de caudales: los delitos fiscales que habrían cometido Urdangarin y Torres al defraudar a Hacienda por las ganancias de sus trabajos con las administraciones públicas y las asesorías a grandes empresas.

La infanta Cristina fue vocal del Instituto Nóos e inicialmente el juez Castro le acusó de ser el gancho para captar el dinero público y ser cómplice de su marido en la malversación. La Audiencia, finalmente, imputó únicamente a la hermana del rey Felipe VI por dos delitos fiscales, al haber colaborado con su esposo y a través de la sociedad familiar Aizoon, a evadir 330.000 euros en impuestos.

Según el fiscal Pedro Horrach, Urdangarin se prevalió de su posición social «para generar confianza en los interlocutores y potenciales clientes, aparentado solidez científica y técnica (de Nóos)». Las acusaciones tendrán que demostrar dónde acabaron los caudales públicos y privados captados por la trama de empresas, fundaciones y asociaciones de Nóos.

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