Aunque Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá, es la figura política valenciana del caso Nóos „presentó su dimisión en marzo por este motivo„, entre las 18 personas que se sentarán a partir del lunes en el banquillo de los acusados hay cuatro valencianos más vinculados a las contrataciones con Iñaki Urdangarín. Concretamente se trata de dirigentes del Instituto Valenciano de Finanzas y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que fueron la parte autonómica firmante de los contratos junto con Turismo Valencia.
Un exalto cargo es Luis Lobón, entonces secretario de Turismo de la Comunitat Valenciana, al que le reclaman entre 8 y 11 años de cárcel por los delitos de prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias. Lobón contrató supuestamente con el Instituto Nóos la organización de la Valencia Summit y la promoción de la candidatura de Valencia para organizar unos juegos europeos que nunca se celebraron.
Y a las mismas acusaciones y similares penas se enfrentan José Manuel Aguilar, ex director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias; Jorge Vela, ex director del Instituto Valenciano de Finanzas; y Elisa Maldonado, directora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. En estos cuatro casos hay acusación particular ejercida por el sindicato Manos Limpias y también acusación de la Fiscalía, mientras que en el caso de Alfonso Grau sólo hay una acusación particular ejercida por el Partido Socialista y otra de Manos Limpias.
El argumento de la Fiscalía para acusar a los cuatro representantes de la Generalitat Valenciana es que no pusieron reparos al Instituto Nóos por los elevados costes del gran evento y abrieron la puerta a Iñaki Urdangarín y Diego Torres por ser quienes eran.
Además de defender su inocencia, tanto estos cuatro acusados como Alfonso Grau han dicho desde el principio que las penas solicitadas eran desorbitadas y el propio Grau aseguró en su día que el juicio sacaría a relucir la verdad.
