12 de enero de 2016
12.01.2016

El fiscal Horrach reitera la legitimidad del tribunal balear para juzgar la rama valenciana

Las defensas de los imputados valencianos opinan que la actuación de la Administración no debería juzgarse en Palma

12.01.2016 | 00:23
El fiscal Horrach reitera la legitimidad del tribunal balear para juzgar la rama valenciana

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach rechazó ayer, en el inicio del juicio por el caso Nóos, los argumentos de varias de las defensas de los imputados valencianos sobre la falta de legitimidad de la Audiencia de Palma de Mallorca para juzgar los pagos por la organización del Valencia Summit. Las administraciones valencianas adelantaron más de tres millones de euros al instituto sin ánimo de lucro de Iñaki Urdangarin y Diego Torres para la organización de eventos como el Valencia Summit, y 382.203 euros por un convenio para que Valencia fuera sede de unos Juegos Europeos que no se celebraron. Los abogados apuntaron ayer que estos hechos deberían ser analizados por tribunales valencianos y no baleares.

Esta supuesta falta de competencia fue expresada por Vicente Grimá, defensa de Luis Lobón, ex secretario de Eventos de Valencia, que considera que la competencia respecto a su cliente es de la Audiencia Provincial de Valencia, no de Palma de Mallorca, puesto que Lobón no ha realizado ninguno de los hechos que se le imputan en dicho territorio, aseguró. Tampoco cabría la asunción del enjuiciamiento en Baleares por conexidad, según este letrado. Los mismos argumentos planteó Josefa Roselló, abogada de José Manuel Aguilar, ex director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) de Valencia, para quien la Fiscalía pide 6 años de prisión. Roselló también considera que se ha vulnerado el derecho de su cliente al juez predeterminado por la ley, que tendría que haber sido un tribunal valenciano.

Visión de conjunto del caso

Ante estas alegaciones, Pedro Horrach señaló que la malversación de caudales públicos se ha investigado tanto en Mallorca como en Valencia y que carecería de eficacia volver a investigar por un juez valenciano a las 200 personas que fueron llamadas a declarar en este procedimiento en Palma de Mallorca por los hechos del Valencia Summit. Si esto ocurriese, se imposibilitaría además la visión en conjunto de los hechos y existiría el riesgo de que los tribunales de Mallorca y Valencia dictaran sentencias contradictorias sobre los mismos, argumentos a los que se han unido el resto de acusaciones, explicó Horrach.

El abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, presentó escritos anteriormente en los que también defendía la incompatibilidad territorial pero ayer renunció a plantear esta cuestión.

Por su parte, el abogado del exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, Jesús Bonet, recordó que el juez instructor, José Castro, no incluyó a su cliente ni en el auto de pase a procedimiento abreviado ni en el de apertura de juicio oral, y se quejó porque Grau está incluido entre los acusados por decisión de la Audiencia de Palma a instancia, únicamente, del grupo municipal socialista de Valencia, una acusación popular que a su juicio carece de legitimidad.

De los 18 imputados, cinco son valencianos: Luis Lobón, exsecretario de Turismo de Valencia; Jorge Vela, exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas; José Manuel Aguilar, exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa); Elisa Maldonado, exdirectora de gestión de Cacsa; y Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia. Para todos ellos se piden entre seis y once años de cárcel por no oponerse al elevado coste de los proyectos y facilitar supuestamente los negocios de Urdangarín y Torres.

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