El caso Nóos, al igual que otros procesos judiciales que afectan a personajes de relevancia social, coloca de nuevo sobre la mesa una cuestión tan vieja como la propia justicia: ¿somos todos iguales ante la ley? ¿Es idéntica la justicia para todos? El concepto formal está recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, donde se proclama que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Dos expertos, Ignacio Villaverde -catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo- y Joaquim Bosch -magistrado del Juzgado de Primera Instancia de Moncada (Valencia) y portavoz de la asociación Jueces para la Democracia- reflexionan sobre la dimensión teórica y práctica de una idea consagrada en todos los sistemas democráticos.

"No deja de ser un poco demagógico decir que la ley no es igual para todos, porque eso no es así. Quien dice eso, y en particular en el caso de la Infanta, no está diciendo que no todos somos iguales ante la ley, que sí lo somos, sino que en realidad dicen que en determinados casos lo que esperamos es justamente un trato desigual y negativo", dice Villaverde.

"Lo que se busca" -continúa el Catedrático- "cuando se hace esa declaración es el deseo de que la ley sea más severa en ese caso por su condición de miembro de la Familia Real. En mi opinión, hay unos indicios más que discutibles de que la intervención de la Infanta fuera consciente y voluntaria. Si a la Infanta se le aplica la ley como a cualquier otro ciudadano, no hubiera estado sentada en el banquillo, por mucho que sea reprobable socialmente su actitud. Hay una tendencia a convertir en este caso en una situación ejemplificante".

Bosch no está de acuerdo en un supuesto de trato de desfavor. "En los casos con declaraciones tributarias de cónyuges la regla general es que ambos tengan que ir a juicio y que la Fiscalía acuse. A la Infanta Cristina se le ha aplicado el mismo criterio que en la generalidad de estos casos. Hay que recordar que no fue solo un juez, sino cuatro, los que han coincidido en sus argumentaciones", recuerda el portavoz de Jueces para la Democracia", para quien existe una "singularidad" y una "excepción" en este caso: la actuación de la Fiscalía, que pide el archivo de la causa contra la Infanta.

"No es el comportamiento habitual", incide Bosch. "El fiscal Horrach, que es un excelente profesional, ha explicado perfectamente las razones de su postura, pero su actuación no deja de ser algo singular en este tipo de procesos", añade el magistrado.

La justicia, como toda cuestión humana, está sujeta también a la interpretación. "Puede haber diferencias entre un juez u otro a la hora de aplicar la ley en casos similares, pero para eso está el Tribunal Supremo, que unifica doctrinas", subraya el catedrático asturiano. "Los jueces conocen muy bien su oficio, actúan conforme a la ley y eso mitiga la diferencia social, porque es cierto que no es lo mismo ser atendido por un abogado de oficio que por uno que cobra 500 euros a la hora", agrega.

El juez Bosch introduce una reflexión similar: "En la práctica, en la justicia sucede como en el resto de ámbitos de la vida, no siempre somos todos iguales. Un imputado con mucho dinero para pagar un buen abogado puede salir mejor parado del proceso que otro que no cuenta con medios. Muchas de las cuestiones que se dirimen en un juicio son aspectos procesales que pueden no afectar al fondo del asunto, pero donde contar con un buen letrado es importante. Aunque en la teoría existe la igualdad formal, en la práctica se dan situaciones desiguales derivadas de los recursos con los que cuentan las personas", dice el magistrado, que reivindica la importancia de avanzar hacia la gratuidad de la justicia.