Los 'ocho de Airbus' niegan las agresiones a los agentes

En una jornada marcada por el interés mediático y por la presencia de relevantes personalidades del mundo sindical y político ha dado comienzo el juicio contra los sindicalistas, que se enfrentan a la petición por parte de la Fiscalía de una pena de ocho años y tres meses de prisión para cada uno por delitos de atentado, lesiones y contra el derecho de los trabajadores por incumplir el artículo 315.3 del Código Penal (que condena la coacción para hacer huelga).

Todos los acusados han negado ante el magistrado Abel Téllez que agrediesen a los agentes de policía que así lo declararon, ni a otros trabajadores de la fábrica por intentar entrar a trabajar, algo que han asegurado que no se impidió, al tiempo que han rechazado que profirieran insultos aquel día.

El primero en comparecer ha sido el que fuera presidente del Comité Interempresas de Airbus en el momento de los hechos, José Alcázar, que ha manifestado que los agentes de policía que presentaron una denuncia por agresiones contra él pretendían con ella "justificar sus disparos con arma real" en la fábrica.

Alcázar ha indicado que, cuando se produjo el "tumulto" que dio lugar a la carga policial y tras el que se produjeron los disparos, él trato de "poner paz" y "calmar los ánimos" entre los concentrados "pacíficamente", y los agentes antidisturbios y que llegó a acompañar a un empleado que no quería realizar la huelga a la planta.

Varios de los acusados han indicado que recibieron golpes por parte de la policía aquel día y algunos de ellos han mostrado dudas por la forma en la que esta los identificó como responsables de las agresiones.

La Fiscalía ha preguntado a todos ellos el motivo de haber pagado la cuantía de las indemnizaciones por las lesiones sufridas por los policías si no habían participado en las agresiones, ante lo que todos han coincidido en que era un requerimiento judicial que consideraban que debían cumplir.

También ha querido saber la fiscal de la causa si esa cuantía procedía de fondos de los sindicatos a los que pertenecen, CCOO en el caso de siete de ellos y UGT en el otro, algo que todos han negado, al indicar que este pago se realizó con su propio patrimonio.

Previamente, la jornada se había iniciado en la puerta de la factoría de Airbus en Getafe, desde donde ha partido una manifestación en apoyo a los sindicalistas y que ha reclamado la derogación del artículo 315.3.

En ella han participado, además de trabajadores de la fábrica y representantes sindicales como el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el de UGT, Cándido Méndez, algunos dirigentes políticos, como César Luena y Sara Hernández, del PSOE; Rafael Mayoral y Alberto Rodríguez, de Podemos; o Cayo Lara y Willy Meyer, de Izquierda Unida.

A su llegada a los juzgados, además, los esperaban la diputada socialista María Luz Rodríguez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha comparecido antes del inicio de la vista para instar al próximo Gobierno a derogar el artículo 315.3, las dos últimas reformas laborales y la "Ley Mordaza".

Algunos de los dirigentes sindicales y políticos, así como representantes del sindicalismo internacional han estado presentes durante toda la jornada en la sala, para la que se ha necesitado de la instalación de un importante número de nuevos asientos.

Tras la finalización de las declaraciones, un grupo de varios centenares de personas se encontraba a las puertas de los juzgados esperando a los acusados para mostrarles su apoyo al grito de "no son ocho, somos miles", "viva la lucha de la clase obrera" o "la lucha es el único camino".

Como conclusión, José Alcázar ha asegurado que considera "difícil" que sean condenados y que confía "plenamente en que haya una absolución" para todos ellos, puesto que "ha quedado probado" que fueron a la huelga, pero que no impidieron que ningún trabajador pudiera asistir ese día al centro y que no agredieron "a nadie".