29 de julio de 2016
29.07.2016
Sentencia

El Constitucional tumba las tasas judiciales de Gallardón

El tribunal declara inconstitucionales las tasas impulsadas por el exministro y aprobadas en noviembre de 2012

29.07.2016 | 12:37
Gallardón, en un curso de la Complutense este verano.

Las tasas anuladas

  • De 200 euros para recurso contencioso-administrativo abreviado y de 350 euros para el ordinario.
  • De 800 euros para recurso de apelación y de 1.200 euros para los de casación y extraordinario por infracción procesal en el orden civil.
  • De 800 euros para recurso de apelación y de 1.200 euros para recurso de casación en cualquiera de sus modalidades en el orden contencioso-administrativo.
  • De 500 euros para recurso de suplicación y de 750 para el de casación en cualquiera de sus modalidades, ambos del orden social.

El Tribunal Constitucional ha declarado nulas por inconstitucionales las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas impulsadas en su momento por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

En una sentencia adoptada por unanimidad ha estimado parcialmente el recurso presentado por el PSOE y declara inconstitucionales las tasas aprobadas en noviembre de 2012. La normativa contó desde el primer momento con el rechazo de profesionales, sindicatos y consumidores que llegaron a unirse en la Plataforma 'Justicia para Todos' en su contra.

Tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la norma se sometió a una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas en determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo. El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue más allá y eliminó mediante Real-Decreto las tasas judiciales para personas físicas si bien mantuvo el tributo a las pymes.

El tribunal aclara que, en virtud del principio de seguridad jurídica, la declaración de nulidad de las tasas sólo producirá efectos "pro futuro", esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos donde no haya recaído una resolución firme.

Por ello, la sentencia no ordena la devolución de las cantidades pagadas en relación con las tasas declaradas nulas ni en los procedimientos finalizados por resolución firme ni tampoco en los no finalizados en el que el pago de la tasa se satisfizo sin que fuera impugnada por vulneración de la Constitución.

La resolución declara la inconstitucionalidad de dichas tasas y anula los incisos del artículo 7.1 de la ley que prevén cuatro cuotas fijas.

Una primera de 200 euros para interponer el recurso contencioso-administrativo abreviado y de 350 euros para el ordinario.

También anula la de 800 euros para promover recurso de apelación y de 1.200 euros para los de casación y extraordinario por infracción procesal en el orden civil.

Igualmente, una tercera de 800 euros para el recurso de apelación y 1.200 euros para el recurso de casación en cualquiera de sus modalidades en el orden contencioso-administrativo.

Por último anula la tasa de 500 euros para el recurso de suplicación y de 750 para el de casación en cualquiera de sus modalidades, ambos del orden social.

Cuota variable

También ha sido declarado inconstitucional el artículo 7.2, que impone una cuota variable cuya cuantía será la que resulte de aplicar al valor económico del litigio el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala: de cero a un millón de euros, 0,5 por ciento, y el resto, un tipo porcentual del 0,25.

El TC considera que el establecimiento de tasas para el ejercicio de acciones judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no vulnera en sí mismo el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva ni incumple el mandato de sometimiento de la Administración al control judicial ni el principio de gratuidad de la justicia.

El legislador, explica la sentencia, tiene libertad para regular los requisitos del acceso gratuito a la justicia pero siempre y cuando garantice el ejercicio de este derecho a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

En este sentido considera que la cuantía de las tasas es desproporcionada y puede producir un efecto disuasorio en los ciudadanos a la hora de acudir a los tribunales.

"Al tratarse de un sistema de tasas en el que todos pagan lo mismo, su objetivo de prevenir o disuadir de la interposición de recursos abusivos se diluye para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes", advierte el TC.

Abunda en que "perjudica al justiciable que ejercita correctamente su derecho a recurrir, que se ve obligado a pagar una tasa con la que se pretende erradicar un comportamiento que le es ajeno".

Además, recuerda que el ordenamiento español ya preveía un instrumento disuasorio, el depósito para recurrir.

El TC aclara que la tasa es idónea para la financiación mixta de la justicia e incluso y "necesaria, pues no hay alternativa para fijar una corresponsabilidad económica por parte de todo aquel que genera la actividad procesal cuya realización produce un coste para el Estado".

Sin embargo, estima que las fijadas resultan desproporcionadas y advierte de lo gravoso que resulta para el justiciable sumar al pago de la tasa los honorarios de abogado y procurador.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine