El pacto alcanzado entre el PNV y el PSE prevé una propuesta para el desarme definitivo de ETA, con una declaración previa de la banda sobre su carácter "irreversible e incondicional", así como el compromiso con una política penitenciaria que incluya, tanto "el reconocimiento del daño causado" como el acercamiento de los presos de la banda.
Los futuros socios de Gobierno, que se comprometen con "una memoria crítica" pretenden promover en el Parlamento vasco la creación de una Ponencia específica sobre Memoria y Convivencia.
El acuerdo entre socialistas y jeltzales, con una extensión de 70 folios, incluye un tercer capítulo titulado "La convivencia y los derechos humanos", en el que reconocen que, desde el anuncio de la actividad armada de ETA en 2011, se han producido "avances sustanciales en la coexistencia", pero ven necesario "continuar trabajando en materia de normalización de la convivencia", y abordar "tres cuestiones pendientes: el desarme y disolución definitiva de ETA, la política penitenciaria y la memoria crítica sobre el pasado".
Por ello, en uno de sus siete compromisos, ambos partidos se marcan como objetivo conseguir un "final ordenado de la violencia". Ese "compromiso" se debería plasmar en "tres grandes ejes", consistentes en el apoyo a la verificación de un calendario de desarme definitivo "que previamente incluya una declaración de ETA sobre su carácter irreversible e incondicional, como expresión de su voluntad de disolución" y el logro de la "disolución y desaparición definitiva de ETA".
A estos dos objetivos se sumarían el desarrollo de "un proceso de reflexión crítica sobre todo aquello que en el pasado haya implicado responsabilidad en la vulneración de Derechos Humanos", o que "haya supuesto falta de sensibilidad hacia sus víctimas".
Para materializar este punto, el Gobierno impulsará "una propuesta sobre desarme definitivo" y para la disolución de ETA, y promoverá una proposición no de ley de respaldo a esta propuesta. También impulsará un documento "de reflexión crítica sobre todo aquello que, en el pasado" haya implicado responsabilidad en la vulneración de Derechos Humanos, legitimación de violencia o falta de sensibilidad hacia sus víctimas".
En materia de víctimas, los futuros socios se comprometen a desarrollar "políticas públicas de verdad, justicia y reparación y de solidaridad con todas las víctimas frente a la injusticia que padecieron". Según precisan, este compromiso "se cimienta, sin equiparaciones en cuanto a las causas de su victimización, en el reconocimiento del daño y sufrimiento que se les causó y en el principio de igualdad y no discriminación".
Entre las acciones incluidas en la agenda que desarrollarán, destacan la promoción de acciones "que promuevan la unión entre víctimas y sociedad, y su participación en la construcción del futuro y la convivencia", además del desarrollo de la Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de 28 de julio de 2016.
Por otra parte, se comprometen con "una memoria crítica" que se concreta en "el rechazo a la legitimación, compensación o minimización de cualquier forma de terrorismo o violencia ocurrida en el pasado, y en la oposición frontal a la reedición en el presente o en el futuro".
Presos
El documento defiende, asimismo, una política penitenciaria "fundamentada en la promoción activa de los principios legales de individuación, humanidad, reconocimiento del daño causado y reinserción", una de cuyas consecuencias sería "el apoyo al traslado de las personas presas a prisiones cercanas a su entorno familiar".
En este sentido y "conforme a las previsiones de ordenamiento jurídico", impulsarán "una propuesta de reorientación de la política penitenciaria" que establezca como "objetivo fundamental" la reinserción, que atienda de forma prioritaria "las problemáticas de mayor incidencia humanitaria", y que "favorezca el acercamiento de presos". También insistirá en la transferencia de la competencia de prisiones a Euskadi.
Posteriormente, presentará sendas proposiciones no de Ley en el Congreso y el Parlamento vasco para "que respalden esta propuesta" e insten al consenso en este materia entre Gobierno vasco y central.
También pretenden aprobar un decreto que, "en línea con la corriente europea de justicia restaurativa, regule y promueva las políticas públicas de reinserción".
