La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha asegurado este viernes que su eventual inhabilitación sería "un ataque tan grande a la democracia que es inconcebible" y ha acusado al Estado de "utilizar el poder judicial" para intentar "censurar" los debates parlamentarios.
En una comparecencia desde su despacho de audiencias en el Parlament, tras haber declarado esta mañana como investigada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Forcadell ha dicho que resulta "inconcebible en un Estado realmente democrático" tener que declarar por haber permitido el debate y votación de un documento de la comisión de estudio del proceso constituyente.
Tras denunciar la "vulneración" del principio de separación de poderes en España, ha alertado de que esta vez el Estado da "un paso más" y "pretende dictar lo que se puede hablar o no en un Parlamento y que sea el propio Parlamento el que se autocensure".
Forcadell ha defendido ante la juez que permitió la votación de la hoja de ruta independentista en el pleno porque era un "acto político" y ha sostenido, según fuentes judiciales, que no se puede prohibir discutir sobre la independencia cuando es un debate que está en la calle.
La presidenta del Parlament ha declarado durante media como investigada por desobediencia y prevaricación durante poco más de media hora en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en una comparecencia en la que se ha negado a contestar a las preguntas de la juez instructora y de la Fiscalía, a los que ha reprochado que al imputarla han incumplido su deber de defender la inviolabilidad del Parlament.
La presidenta del Parlament ha llegado al Palau de Justicia a las 9.15 horas secundada por el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; el expresidente Artur Mas, y políticos como Jordi Turull, entre otros políticos, así como representantes las entidades soberanistas y más de un centenar de ciudadanos.
Forcadell se ha limitado a responder a una lista de 25 preguntas que le ha formulado su abogado, Andreu Van del Eynde, en una exposición en la que se ha escudado en dos informes jurídicos del Parlament -uno anterior y otro posterior al pleno- que, a su parecer, avalaban la legalidad de la votación de dichas conclusiones.
La presidenta de la cámara catalana ha afirmado que la nota informativa que los servicios jurídicos elaboraron, por iniciativa propia, para alertar al pleno de su obligación de acatar las resoluciones del Constitucional no era una advertencia personal a ella, sino que su fin era recordar a los diputados la existencia de un auto del TC que les prohibía desarrollar cualquier iniciativa que emanara de la declaración de ruptura del 9N.
Para Forcadell, sin embargo, el debate y votación de la hoja de ruta independentista no estaban expresamente prohibidos por el TC y los ha desvinculado de la declaración de ruptura del 9N porque, a su entender, constituían un acto de "adhesión ideológica" a las conclusiones de una comisión de estudio sin efectos jurídicos.
De hecho, la investigada ha recalcado que el TC en ningún momento ha anulado los trabajos de la comisión de estudio del proceso constituyente, pese a que eran públicos y habían finalizado una semana antes del pleno.
Asimismo, la presidenta ha aducido que la inclusión en el orden del día de la votación no fue un "acto premeditado" y ha argumentado que ella no podía excluir del pleno un debate político sobre la independencia cuando éste está en las calles, especialmente si el reglamento de la cámara catalana establece que debía autorizarlo porque lo habían pedido dos grupos políticos parlamentarios.
Forcadell ha proclamado que, al permitir ese "debate de ideas", ella estaba protegiendo la "libertad de expresión" y la "inviolabilidad" del Parlament, momento que ha aprovechado para recordar a la juez y la Fiscalía que ellos son los "garantes" de la inviolabilidad de la presidenta de la cámara catalana, un deber que, a su parecer, han incumplido al imputarla.
La investigada ha insistido durante su declaración en que cumplió escrupulosamente el reglamento del Parlament y la ley cuando permitió la votación de la hoja de ruta independentista, pese a que la Mesa de la cámara catalana ya había dado carpetazo al expediente derivado de la comisión de estudio del proceso constituyente.
Según Forcadell, el pleno de la cámara catalana es un "órgano soberano" y la decisión de incorporar la votación al mismo no partió de ella, sino de dos grupos parlamentarios (Junts pel Sí y la CUP) y fue aceptada por el hemiciclo.
La presidenta del Parlament también ha mantenido ante la magistrada que el poder ejecutivo no puede usar el judicial para resolver los problemas políticos suscitados que plantea el legislativo, según las mismas fuentes.
