El Gobierno asegura tener todo previsto para responder a la posible convocatoria de un referéndum ilegal en Cataluña, que implicaría recurrir al Tribunal Constitucional y, si es necesario, adoptar medidas coercitivas como impedir que se abran los colegios en los que se colocaran las urnas para esa consulta.

Desde el Ejecutivo recalcan que la situación actual no es igual que la de noviembre de 2014 porque entonces, según explican, no podían impedir las urnas dado que era un proceso consultivo que partía del asociacionismo catalán. De hecho, reconocen que prohibir las urnas habría sido desproporcionado.

Sin embargo, ahora se está promoviendo una 'ley de desconexión' en el Parlamento catalán y, por lo tanto, ese referéndum tiene una base jurídica ilegal que, según avanzan, será objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional. De momento, esa ley está oculta aunque los partidos soberanistas aseguran haberla pactado.

Medidas coercitivas

Ante el supuesto de que se incumpla la resolución del TC, el Gobierno activará una serie de medidas coercitivas para evitar el referéndum. En esas actuaciones podría figurar por ejemplo precintar los colegios o incluso hacerse con las riendas de la Consejería de Educación para impedir el acceso a los mismos.

Fuentes de Moncloa explican que se trata de una estrategia completa que abarca varios ministerios (Presidencia, Interior y Educación, entre otros) y que contempla todos los procedimientos y diferentes escenarios para actuar, siempre de forma proporcionada y de acuerdo a la ley.

Sobre la posibilidad de utilizar el artículo 155 de la Constitución, el Gobierno sostiene que en su repuesta está contemplada la Constitución en su conjunto. Por eso, las mismas fuentes subrayan que ese referéndum no se va a llevar a cabo.

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó rotundo este miércoles, antes de abandonar el Pleno del Congreso, que no se va a celebrar un referéndum "ilegal". Es más, ha criticado que haya dirigentes catalanes que quieran llevarlo a cabo "saltándose la ley" y que además lo digan públicamente. "No se puede celebrar un referéndum ilegal", ha abundado.

El Gobierno, decepcionado por la falta de gestos

Aunque finalmente la Generalitat decida adelantar el referéndum, como se ha insinuado estos días, desde Moncloa insisten en que lo tienen todo previsto. A su entender, ese adelanto del calendario se debe a que buscan presentarse como 'víctimas' para así poder ir a unas hipotéticas elecciones autonómicas, presentadas otra vez como plebiscitarias, todo ello con el objetivo de lograr más votos.

Las fuentes consultadas admiten que el Gobierno de Mariano Rajoy está decepcionado y preocupado por la falta de gestos de las autoridades catalanas en estos meses. Sin embargo, no dan por cancelada la operación de diálogo puesta en marcha en esta legislatura.

De hecho, la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, volverá este mismo viernes a Cataluña, en concreto al aeropuerto de El Prat (Barcelona) para subrayar las inversiones realizadas por el Ejecutivo.

Eso sí, fuentes del Gobierno reiteran que, aunque esa operación diálogo sigue en marcha, si la Generalitat redobla su apuesta y activa el referéndum ilegal no harán caso omiso sino que ejecutarán su plan para evitarlo.