El fiscal Emilio Sánchez-Ulled se ha opuesto hoy a la prescripción invocada por los acusados en el expolio del Palau de la Música, al considerar que incurrieron en una conexión delictiva que duró varios años y causó un perjuicio para la sociedad en el contexto de la "financiación ilegal" de CDC.
En la segunda sesión del juicio por el expolio del Palau, el fiscal ha rechazado los argumentos esgrimidos por las defensas, entre ellas las del extesorero de CDC Daniel Osàcar y los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, al apreciar que existe una conexión de delitos que integran un "proyecto único", por lo que cree que se debe acudir al plazo prescriptivo del delito más grave de entre los que les acusa.
El fiscal ha rebatido la tesis de los exdirectivos de Ferrovial, cuyo abogado alegó ayer que el patrocinio al Palau de la Música -que según el ministerio público encubría el pago de comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública durante la etapa de gobierno de Jordi Pujol- no causó un perjuicio ni para la sociedad ni para los socios de la entidad cultural.
"Esa conducta no aparece, evidentemente, en el marco de una relación comercial entre Ferrovial y el Palau de la Música, se produce en un contexto muy amplio, que es el contexto de la financiación ilegal de una formación política muy determinada (en alusión a CDC) y un tráfico criminal cuyos objetos son blanqueados a través de la estructura del Palau de la Música", ha indicado.
El fiscal ha aceptado únicamente la prescripción, por veinte días de margen, en el caso el acusado Ramon Marc Martí, de la empresa Publiciutat, porque su imputación se produjo el 25 de septiembre de 2012, cinco años y veinte días después de que el 5 de septiembre de 2007 emitiera la última factura vinculada al supuesto expolio del Palau de la Música.
